Las administraciones que más cumplen las recomendaciones del Consejo de Cuentas son las diputaciones de la Comunidad, al alcanzar el 67 por ciento, mientras que la Administración autonómica se limita al 38 por ciento; los municipios, al 37 por ciento, y las universidades apenas alcanzan el 28 por ciento de cumplimiento. Así se desprende del Informe de Seguimiento de las Recomendaciones correspondiente al ejercicio 2021 del órgano de control.
El seguimiento se aplica sobre las auditorías realizadas en el año natural precedente. Durante el ejercicio 2021 el Consejo de Cuentas aprobó 31 informes que contenían un total de 385 recomendaciones. En este informe se analizan 380 recomendaciones contenidas en 30 fiscalizaciones, ya que cinco no se incluyen por carecer de destinatario específico. Las recomendaciones son una consecuencia de las fiscalizaciones. Al no ser vinculantes, su cumplimiento revela por parte de los entes auditados una voluntad de mejora de la gestión de los recursos públicos.
Según señalan desde el organismo en un comunicado recogido por Ical, el grado de aceptación de las recomendaciones realizadas por el Consejo de Cuentas en 2021 fue del 75 por ciento (285 de las 380 analizadas), porcentaje que tiene en cuenta tanto las que han sido cumplidas total o parcialmente como aquellas en las que únicamente se ha manifestado su conformidad. Este resultado es el segundo mejor de la serie histórica, tras el récord alcanzado en 2020, cuando el grado de aceptación llegó al 81 por ciento.
Por administraciones, el grado de aceptación en las universidades públicas es el 92 por ciento; seguidas por las diputaciones con el 78 por ciento; los municipios con un 70 por ciento; y la Junta de Castilla y León con un 68 por ciento.
En la evolución histórica, salvo casos puntuales, todas las administraciones están por encima del 50 por ciento de recomendaciones aceptadas en los últimos años. En el caso de los municipios. que en 2020 alcanzaron una aceptación del 94 por ciento, este año bajan 24 puntos porcentuales como consecuencia de la introducción de los informes de auditoria informática, que exigen para su cumplimiento que los ayuntamientos dispongan de un personal altamente cualificado con el que todavía no cuentan.
En cuanto al cumplimiento de las recomendaciones por los distintos entes fiscalizados y, de acuerdo con sus contestaciones, se considera que han sido aplicadas de forma íntegra o parcial un total de 194 de las 380 analizadas, lo que representa un grado de cumplimiento del 51 por ciento. Se ha producido un descenso de cuatro puntos porcentuales respecto del 55 por ciento (101 de 186) obtenido en 2020.
En términos absolutos, en el acumulado de los nueve años en los que se lleva realizando este informe, han sido aplicadas, total o parcialmente un total de 862 recomendaciones de las 1.820 analizadas, lo que representa un porcentaje medio del 47 por ciento para todo el periodo 2013-2021.
En relación con el porcentaje de cumplimiento, como en los años anteriores, es muy heterogéneo entre las administraciones analizadas; las diputaciones y el Consejo Comarcal del Bierzo, 67 por ciento (124 de 186); la Junta de Castilla y León, 38 por ciento (23 de 61); los municipios, 37 por ciento (40 de 108); y las universidades, 28 por ciento (7 de 25).
Atendiendo a la naturaleza, legal o especial del informe, el porcentaje de cumplimiento de las recomendaciones este año no varía sustancialmente. En los informes legales han sido aplicadas total o parcialmente el 43 por ciento (9 de 21) de las recomendaciones analizadas, mientras que en los informes especiales el porcentaje alcanza el 52 por ciento (185 de 359).
El grado de cumplimiento de las recomendaciones de la Junta de Castilla y León, única administración que es fiscalizada todos los años, es inferior al año anterior. La evolución experimentada es la siguiente: un 20 por ciento en 2014, un 22 por ciento en 2015, un 22 por ciento en 2016, un 32 por ciento en 2017, un 31 por ciento en 2018, un 60 por ciento en 2019, un 48 por ciento en 2020 y un 38 por ciento en 2021, que supone 10 puntos menos que el año anterior, si bien se mantiene un porcentaje de cumplimento superior a la mayoría de los años evaluados.
Junto al grado de cumplimiento íntegro o parcial de las recomendaciones, destaca el 24 por ciento que representan las 91 recomendaciones que, no habiendo sido todavía aplicadas a la fecha de realización del informe, el ente fiscalizado ha tomado en consideración por estar de acuerdo con su contenido. Debe tenerse en cuenta que, según cada caso, los trámites a seguir para poder cumplir una recomendación pueden requerir plazos más amplios.
Como en anteriores informes, el Consejo de Cuentas valora positivamente las mejoras introducidas mediante la aplicación de las recomendaciones, si bien insta a la puesta en práctica de las no atendidas con el objetivo general de avanzar en la calidad de la gestión pública.
