La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Alicia García, ha participado en la reunión del Pleno del Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, que se ha celebrado esta mañana en Madrid, en el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.
Uno de los asuntos más destacados de los tratados en el Consejo Territorial ha sido el de las subvenciones destinadas a la realización de programas de interés general con cargo a la asignación tributaria del IRPF, una vez que hay una sentencia del Tribunal Constitucional de principios de año en la que insta al Gobierno a abordar sin demora la modificación del marco regulador de estas subvenciones para acomodarlo en futuras convocatorias a las competencias que en materia de servicios sociales ostentan las comunidades autónomas.
Hasta ahora, toda la asignación tributaria para realizar estos programas de interés social era convocada, resuelta y asignada por la Administración General del Estado. Tras la sentencia del Tribunal Constitucional, esa asignación de los recursos debe ser compartida con las comunidades autónomas, dado que la mayoría de los programas que son financiados con esta asignación son competencia de las administraciones autonómicas.
Alicia García, que ha asegurado que comparte el nuevo modelo de gestión propuesto por el Ministerio, en el que la financiación, gestión y concesión de estas ayudas se repartiría entre el Estado y las comunidades autónomas, ha mostrado una defensa cerrada por las entidades del tercer sector en Castilla y León y por los proyectos que desarrollan, por lo que ha abogado por el mantenimiento de la misma financiación para 2018 que la que han recibido las entidades de la Comunidad este año, y que asciende a 20 millones de euros, ya que esta cantidad está permitiendo financiar 353 programas a 118 entidades del tercer sector en Castilla y León.
“Los fondos que recibamos las comunidades tienen que ir a las entidades del tercer sector para los programas que vienen desarrollando y no a otra cosa y ese es mi compromiso para Castilla y León, que las entidades del tercer sector no pierdan ni un euro de la financiación que han venido recibiendo en la última convocatoria”, ha asegurado Alicia García.
Todos estos programas que se desarrollan en la actualidad inciden en temas como infancia y familia; jóvenes; mujeres; personas mayores; personas con discapacidad; personas en situación de dependencia; personas con problemas de drogodependencia; pueblo gitano; personas migrantes; personas afectadas por el VIH/SIDA; colectivo LGTB; personas reclusas y ex reclusas; personas sin hogar, así como la promoción del voluntariado y de la participación social.
Frente a la inquietud que ha surgido en otras comunidades autónomas ante la posibilidad de que esta financiación del IRPF que el Estado aporte no sea utilizada en todo o en parte para las entidades del tercer sector, Castilla y León ha defendido la importancia de seguir financiando con estos fondos estos programas y a las entidades del tercer sector que los desarrollan.
La consejera ha insistido en que lo importante de esta financiación es que estas entidades puedan seguir desarrollando estos programas con la continuidad y estabilidad necesaria, ya que a través de ellos se atiende a las personas más vulnerables de la Comunidad. Esa financiación de 20 millones de euros supone un importante complemento en Castilla y León a los cerca de 900 millones de euros que la Junta destinó en 2016 a financiar los Servicios Sociales.
