Alicia García, consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, junto con el presidente del CES, Germán Barrios, el presidente de la Federación Salud Mental de Castilla y león, Jesús Corrales, y la presidenta del Consejo Territorial ONCE en Castilla y León, Arancha Casado, ha participado en la apertura de la jornada ‘Mujer y Salud Mental’, organizada por la Federación Salud Mental Castilla y León. Se trata de una actividad con la que se pretende reflexionar sobre la necesidad de incluir la dimensión de género en las cuestiones relacionadas con la salud mental para hacer posible un cambio social que se considera necesario.
En este sentido, García ha subrayado lo oportuno de jornadas de estas características “para hacer visible la doble discriminación a la que se enfrentan las mujeres con discapacidad, que deriva de su género y de su discapacidad”, y ha destacado que “para la Junta de Castilla y León supone una prioridad mejorar esta situación”.
La consejera se ha referido al empleo y a la violencia de género como las dos principales situaciones a las que se están teniendo que enfrentar las mujeres con discapacidad. Por un lado el empleo, ya que, a pesar de la mejoría en los últimos años, se enfrentan a mayores tasas de paro y a mayor brecha salarial, un 18 %, que a la de los hombres en su misma situación. Por otro lado, la violencia de género, ya que, según las estadísticas, tres de cada cuatro mujeres con enfermedad mental grave han sufrido violencia en el ámbito familiar o en la pareja alguna vez en su vida y su riesgo de sufrir violencia de género en la pareja se multiplica entre dos y cuatro veces respecto a las mujeres en general.
Igualdad como reto para mujeres con discapacidad por enfermedad mental
García ha señalado que “tanto las administraciones como la sociedad en general tienen que enfrentarse a estos retos para caminar hacia la igualdad real”. La consejera se ha referido a que el Gobierno autonómico está afrontando estos retos a través de diferentes iniciativas encaminadas hacia esa igualdad. Por un lado, en materia de empleo, apostando por la participación de las personas con discapacidad en itinerarios personalizados de empleo. En lo relativo a la lucha contra la violencia de género en las mujeres con discapacidad por enfermedad mental, “la Junta garantiza el acceso prioritario y preferente a los recursos de atención y habitacionales de la red de atención”. Al mismo tiempo, “se imparte una atención más especializada a todos los profesionales que las atienden, se han establecido procedimientos de actuación con los coordinadores de caso para el acceso inmediato y prioritario a residencias públicas o centros especializados para estas mujeres y se han firmado protocolos en el ámbito educativo, con especial consideración a la mayor vulnerabilidad de las niñas con discapacidad ante situaciones de acoso escolar y abusos sexuales en el entorno educativo”.
