La decisión será ratificada por la Junta de Gobierno Local, y para ello se cuenta con que la Junta dispone de una partida presupuestaria de 200.000 euros para su derribo. Echar abajo el edificio no impide que siga el debate sobre el futuro del terreno, según ha indicado el equipo de Gobierno.
Su demolición está justificada “por el mal estado de conservación” y porque quedó sin uso desde que se abrió la nueva, “sin mantenimiento alguno y en estado de abandono” y en estado de “progresivo deterioro”. El edificio es propiedad de la Junta mientras que el suelo donde se levantó es del Consistorio.
El PP considera que “la falta de recursos para su mantenimiento o rehabilitación y puesta en valor hace recomendable proceder a la demolición de la edificación, y liberar y acondicionar el espacio que ocupa”.
Aseguran que la decisión se sustenta en dos aspectos. Por un lado porque el coste previsto para su derribo, 200.000 euros, es “razonable”, cantidad “financiada íntegramente por la Junta, incluyendo proyecto y ejecución material, independientemente de la cuantía final que resulte del procedimiento de licitación que se convoque al efecto”.
Zona estratégica
Por otra parte, estiman que “es un modo razonado, oportuno y justificado de liberar plenamente un espacio en una zona estratégica de la ciudad para destinarlo a los fines que conjuntamente se acuerde por la Corporación”.
Según el equipo de Gobierno, “el derribo en ningún caso supone limitar el futuro de este espacio de Ávila” porque “el debate no se usurpa”. En este sentido, el PP no habla de levantar allí un centro de innovación, que es lo que Ciudadanos había pactado los populares en la Junta para levantar en esa parcela.
Con independencia de “la concepción que se tenga sobre las posibilidades de recuperación o de reutilización de infraestructuras, no puede olvidarse que el grado de obsolescencia, la propia configuración de estas infraestructuras propiamente pensadas como estación de autobuses, su estética y la limitación evidente que supondría para esos posibles usos el aprovechar las infraestructuras existentes, frente a la libertad de actuar en una parcela expedita”.
Con ello “se permite planificar con mayor libertad, ambición y racionalidad el uso o destino final de ese inmueble, lo que hace plenamente aconsejable la opción de derribo”.
No cumple normas
También destaca que el edifico “no cumple con el código técnico de la edificación, ni la normativa sectorial en materia de accesibilidad, ambiental, ruido y prevención de incendios, entre otras”, como tampoco con “dotaciones bastantes para uso público por su antigüedad y destino”.
Por eso consideran que supondría un coste importante para “fines que, en todo caso, de no liberarse, serían limitados en sus posibilidades y potencialidades”.
El Gobierno municipal considera que “la racionalidad en el destino de los recursos debe compadecerse con inversiones modernas, funcionales y necesarias, y ello pasa por desterrar infraestructuras obsoletas y en un estado de deterioro evidente para habilitar inversiones ambiciosas, modernas y de futuro”.
