El Consejo de Gobierno ha aprobado esta mañana el Plan Director de Promoción Industrial, que define las políticas de impulso a la competitividad del sector en el horizonte 2017-2020, con una inversión prevista de 836,6 millones de euros y que plantea cuatro objetivos generales. El primero es reindustrializar y avanzar hacia el liderazgo industrial de manera que la industria manufacturera represente el 20 % del Valor Añadido Bruto (VAB) de Castilla y León en 2020. El segundo reto es incrementar el gasto público en I+D+i hasta alcanzar el 3 % del gasto no financiero de las consejerías en 2019 y llegar al 3 % del PIB entre la inversión pública y la privada en el horizonte del plan. En tercer lugar, el texto programa medidas para favorecer nuevas actividades productivas, potenciar los recursos endógenos y reforzar los sectores más consolidados. Y, para finalizar, el cuarto desafío pasa por aumentar el tamaño de las empresas.
Cinco ejes de actuación y seis sectores de especialización
Las políticas que deben conducir a la consecución de estos objetivos se estructuran en cinco ejes transversales: dimensión del tejido industrial (lo que incluye apoyo al emprendimiento y captación de inversiones); innovación tecnológica y digitalización (capítulo en el que se prevén medidas para la adaptación a la industria 4.0, de formación y para la transferencia del conocimiento); internacionalización (para ampliar la base de compañías exportadoras y diversificar sectores y mercados); financiación (con la Lanzadera Financiera como palanca); y entorno industrial (con iniciativas en materia de infraestructuras y suelo, simplificación administrativa o de índole energética para facilitar el desarrollo de proyectos en Castilla y León).
Las medidas previstas en el plan para mejorar la competitividad del sector industrial son de aplicación al tejido productivo en sentido amplio. No obstante, el documento presta especial atención a los seis sectores que la Estrategia Regional de Investigación e Innovación para una Especialización Inteligente (RIS3) de Castilla y León 2014-2020 cataloga como prioritarios por su capacidad generadora de riqueza y empleo: agroalimentación; automoción, componentes y equipos; salud y calidad de vida; energía y medio ambiente industrial; hábitat; industria cultural, y Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC).
El plan se completa con la regulación de dos instrumentos diseñados para responder a situaciones excepcionales. El primero es la declaración de Proyecto Industrial Prioritario de toda propuesta de inversión que suponga una expansión significativa del tejido industrial de Castilla y León o contribuya a su consolidación. La segunda herramienta es la aprobación de Programas Territoriales de Fomento, que implican la adopción de medidas específicas en uno o varios territorios para garantizar un desarrollo equilibrado de la industria en la Comunidad, que también garantice la cohesión social, con especial cuidado al medio rural.
La importancia del sector en términos de riqueza y empleo
La relevancia del Plan Director de Promoción Industrial para Castilla y León se explica en buena medida por la importancia que tiene este sector en términos de riqueza y empleo, un hecho compartido por todos los agentes políticos, económicos y sociales que se han implicado en su elaboración.
Conviene recordar al respecto que la actividad manufacturera representa el 17,7 % del VAB autonómico –según los últimos datos de la Contabilidad Regional del Instituto Nacional de Estadística, correspondientes a 2015–, frente al peso del 14,2 % que ostenta en el conjunto nacional. La Comunidad alberga el 5,9 % de las industrias del país, de acuerdo con el Directorio Central de Empresas (DIRCE) 2016. Asimismo, el sector industrial da empleo al 17 % de los ocupados castellanos y leoneses, de acuerdo con los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) de 2016, mientras que en España este porcentaje es del 13,8 %
