Asaja celebró este jueves que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) haya hecho público un comunicado en el que confirma que investiga posibles prácticas anticompetitivas y acuerdos de reparto del mercado de la distribución de maquinaria agrícola en España. Se trataría, dijo la organización agraria, “del reparto del mercado a través de la restricción de las ventas pasivas a clientes situados fuera del área especificada en los contratos de distribución”.
En un comunicado, explicó que esta investigación se abrió a raíz de la denuncia enviada por Asaja en julio de 2021 al Tribunal de Defensa de la Competencia de Castilla y León, que consideró su petición de que se investigara el reparto de zonas de influencia entre concesionarios de maquinaria agrícola, que a su juicio e impide la libertad de elección y compra del agricultor.
En el marco de esta denuncia, recordó, el Pleno del Tribunal confirmó por carta en abril de 2022 que las razones esgrimidas por la organización tenían peso, aunque, dado que la totalidad de las marcas comerciales o distribuidores investigados correspondían a empresas con domicilio social fuera de la Comunidad, se trataba de un problema de ámbito nacional. De este modo, se trasladó esta investigación a la Dirección de Competencia de la CNMC, a quien correspondía actuar ante la presunta infracción.
“Hoy, dos años después de iniciado este proceso, la CNMC informa que ha inspeccionado varias empresas entre el 26 y el 29 de septiembre, para lo que ha contado con la colaboración de la autoridad autonómica de competencia en uno de los territorios en los que se ubica una de las firmas investigadas”, señaló.
Asimismo, Asaja apuntó que estas inspecciones son un paso “preliminar” a la posible incoación formal de un expediente sancionador. En caso de que se prueben conductas anticompetitivas, constituyen una infracción “muy grave”, con multas previstas de hasta el diez por ciento del volumen de negocio total de las empresas infractoras.
Según indicaba el informe facilitado por Asaja a los órganos competentes, desde hace años se ha consolidado en las ventas de maquinaria y aperos agrícolas un sistema “perverso” que impide la competencia y frena los principios de libre circulación de bienes y servicios que marca la legislación. “Existe un acuerdo sin luz ni taquígrafos, pero sí de facto, por el que los concesionarios se reparten el territorio de Castilla y León, impidiendo al potencial comprador adquirir cualquier producto en el establecimiento que prefiera y le sea más ventajoso por las condiciones que ofrece. Esta situación es bien conocida y soportada desde hace años por los agricultores y ganaderos, que acatan una situación injusta por el riesgo a verse desatendidos en el caso de necesitar asistencia técnica posterior”, concluyó.
