La Asociación de Empresas Forestales (ASEMFO) ha alzado la voz para defender el actual modelo mixto de prevención y extinción de incendios forestales en Castilla y León. Este sistema, que lleva más de tres décadas en funcionamiento bajo la dirección y financiación de la Junta, se basa en una colaboración público-privada que la asociación califica de eficaz, eficiente y vital para el tejido económico del medio rural, especialmente en zonas afectadas por la despoblación.
ASEMFO subraya que este operativo ha permitido desarrollar una red sólida de pequeñas y medianas empresas forestales que, además de garantizar un servicio profesional y permanente de extinción, son las responsables casi exclusivas de los trabajos de prevención selvícola durante el resto del año. La asociación advierte que sustituir este modelo por uno 100% público no solo no frenará los grandes incendios, sino que reducirá drásticamente la inversión en prevención, pilar fundamental para mitigar la virulencia del fuego.
El sector desmonta los mitos que rodean al sistema. Insisten en que el operativo es esencialmente público, con personal privado que supone menos del 30% y que trabaja siempre bajo mando y dirección pública. Además, la formación, el material y la normativa laboral son idénticos para todo el personal. La única diferencia real y significativa es la salarial, un desfase que, según ASEMFO, no beneficia a las empresas, sino que representa un ahorro para la administración.
Para robustecer el sistema y asegurar su continuidad, la asociación lanza una serie de propuestas concretas. Piden la equiparación de salarios y categorías profesionales —incluyendo la figura de bombero forestal— a través del diálogo social. Además, es prioritario garantizar 12 meses de empleo efectivo para los profesionales, combinando las labores de extinción en verano con la prevención el resto del año, lo que aportaría estabilidad a las pymes rurales. Finalmente, ASEMFO reclama a la Junta crear un grupo de trabajo conjunto para mejorar la coordinación del operativo, identificándolo como el factor clave para reducir el impacto devastador de los grandes incendios forestales. El mensaje es claro: el modelo funciona, crea empleo rural y debe ser reforzado, no desmantelado.
