La Asociación de Profesores de Enseñanza Secundaria de Castilla y León (Aspes-CL) está llevando a cabo una serie de reuniones con los principales partidos políticos con representación en las Cortes, con el fin de trasladarles su preocupación por la situación actual del colectivo de Enseñanzas Medias del sector público de la comunidad, así como los cambios que consideran necesarios para mejorarla.
El último de esos encuentros tuvo lugar en las Cortes de Castilla y León con la parlamentaria responsable de temas educativos del grupo Podemos, Lorena González. En dicha reunión, Aspes-CL pidió a este grupo parlamentario que presione al gobierno de nuestra comunidad “para que, de una vez por todas, revierta la situación laboral en que se encuentra nuestro colectivo en los últimos siete años”.
Entre las principales reivindicaciones de Aspes-CL, relacionadas directamente con los presupuestos de la Comunidad (próximos a debatir y aprobar en las Cortes), destacan la recuperación de la jornada laboral de los docentes, desvinculándola del retorno a las 35 horas semanales de los funcionarios públicos, una generosa oferta de empleo público para el colectivo de Enseñanzas Medias, cuya tasa de interinidad roza ya el 30 %, una carrera profesional (como marca la legislación vigente) para nuestro colectivo, que pasa por la necesaria convocatoria de plazas de catedráticos, el reconocimiento de la función tutorial a efectos laborales, económicos y de méritos y la reducción de la jornada para el profesorado mayor de 55 años.
Oposición a los conciertos educativos
En el encuentro también se habló del rechazo conjunto tanto de Aspes-CL como de Podemos a la política de conciertos educativos actual, así como a su gestión y a su falta de transparencia, por ejemplo, al contratar profesorado sin ningún tipo de supervisión, aunque estén pagados con dinero público.
En el ejercicio pasado se adjudicaron a la enseñanza concertada 304 millones de euros, 88 millones más de lo inicialmente presupuestado. A juicio de Aspes “este preocupante dato muestra con claridad cuáles son las preferencias del gobierno de nuestra comunidad en materia educativa y cómo esta estrategia vuelve a dejar de lado a la enseñanza pública y a sus trabajadores”. “Entendemos que esa desviación de 88 millones sobre el gasto inicialmente previsto resultaría completamente suficiente para afrontar la mayor parte de los gastos derivados de las necesidades profesionales que la Administración educativa regional sistemáticamente niega a los docentes de Enseñanzas Medias de la educación pública”, apostillan al tiempo que añaden que, con parte de esa desviación presupuestaria, “se podría fácilmente aumentar la plantilla de profesores catedráticos en más de 3.000, que actualmente está extinguida tras más de 18 años sin convocatoria de cátedras”.
“Parte de tan ingente cantidad desviada al sistema privado-concertado serviría para que el profesorado pudiera recuperar la jornada laboral docente que tenía adjudicada antes del comienzo de la crisis. La jornada laboral semanal del profesorado es específica y propia de la función docente y la Administración regional no puede continuar vinculando, de manera torticera, nuestra jornada profesional con la del resto de los funcionarios, dado que una y otra tienen características totalmente diferentes. La recuperación de la jornada laboral que nos fue modificada en 2012 contribuiría decisivamente al aumento de las plantillas docentes y a la reducción inmediata de la precariedad laboral que viven la mayor parte de los profesores interinos”, añaden además de considerar que parte de dicha desviación “podría servir para realizar una oferta de empleo público (oposiciones) seria y adecuada a las necesidades reales de las Enseñanzas Medias, que sin duda serviría para crear un buen número de puestos de trabajo”.
