La ayuda oficial a las políticas de desarrollo a los países pobres en Castilla y León aumentó un 25 por ciento en 2023, al pasar de los 4,8 millones de euros del año pasado a los seis reservados este ejercicio, pero aún sigue muy lejos del compromiso de destinar el 0,7 por ciento del Presupuesto total consolidado. No en vano, la Comunidad se sitúa en los puestos más bajos de las autonomías, con el 0,05 por ciento, al igual que Andalucía, y solo por delante de Murcia y Madrid (0,02 por ciento, en cada caso) y Castilla-La Mancha (0,03 por ciento). Todas ellas están muy lejos de la media nacional (0,13 por ciento) y de los territorios más solidarios como País Vasco, Navarra y La Rioja, que destinan el 0,3 por ciento de sus presupuestos a las ONG de Desarrollo para apoyar a la cooperación y son las que más acercan a ese objetivo.
El informe sobre la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD), elaborado por la Coordinadora de Organizaciones para el Desarrollo y recogido por la Agencia Ical, destaca que el incremento en el conjunto de las autonomías se situó en el 10,2 por ciento entre 2022 y 2023, hasta los 306,5 millones de euros, al aumentar la ayuda a la cooperación en casi todas las comunidades. De esta manera, el promedio por habitante destinado a la cooperación alcanza los 8,42 euros.
La subida experimentada en el último año en Castilla y León es la tercera más alta del país, por detrás de Canarias (57 por ciento) y Cantabria (37 por ciento).
Además, los seis millones presupuestados por la Junta de Castilla y León para 2023 es la mayor cifra desde 2018, ya que en los últimos ejercicios ha rondado entre los 4,5 y los 4,8 millones de euros. En todo caso, es menos de la mitad del mejor dato anterior a la crisis financiera, que se registró en 2007 y cuando se registraron 13,1 millones. Es decir, el presupuesto a la cooperación está 7,1 millones por debajo de esa cifra récord.
En el conjunto del Estado, los 306,5 millones presupuestados el presente ejercicio también están “bastante” por debajo -según la Coordinadora- del mejor año registrado en términos globales, que fue 2008, con 464,6 millones de euros. En este sentido, solo Cataluña, Valencia y La Rioja han logrado recuperar e incluso superar los niveles de ayuda al desarrollo alcanzados antes de la crisis financiera.
Además, el 0,05 por ciento de la renta bruta está por encima de los últimos seis años, salvo en 2021 cuando se alcanzó el 0,06 por ciento. En 2018 y 2019, se quedó en el 0,04 por ciento mientras que bajó hasta el 0,03 por ciento en 2020 y el 0,02 por ciento el año pasado.
El estudio califica de “bastante llamativa” la contracción producida en 2020, que se explica por un aumento “significativo” del Presupuesto de la Comunidad. “A la vez que se produjo este incremento, no lo hizo así el dinero destinado a la cooperación al desarrollo”, añade.
El análisis de la Coordinadora también destaca que en 2022 se produjeron elecciones autonómicas en Castilla y León y que, entre los compromisos adoptados por la Junta, se incluyó la política de cooperación. Un deber, precisa el documento, que se puede ver afectado por el cambio de mandato en el Servicio de Cooperación Internacional para el Desarrollo. “Es una incógnita si el Ejecutivo autonómico mantendrá ese compromiso en el próximo ejercicio, toda vez que el consejero de la Presidencia -Jesús Julio Carnero- dejó el cargo para presentarse a las elecciones municipales -y convertirse en alcalde de Valladolid”, expone.
Política “determinante”
Eso sí, la nueva ley estatal de Cooperación para el Desarrollo Sostenible la Solidaridad Global, aprobada este año, prevé alcanzar el 0,7 por ciento de la renta nacional bruta en 2030. La Coordinadora reclama la necesidad de reforzar una política pública “determinante” en un contexto mundial de múltiples y complejas crisis. No en vano, denuncia que el “debilitamiento” de la cooperación pública tiene consecuencias sobre la vida de miles de personas.
La cooperación descentralizada supone un diez por ciento del total de la ayuda oficial al desarrollo (AOD). Un porcentaje que se destina directamente a comunidades de Asia, América Latina y África, y que contribuye, de manera directa, a la garantía de los derechos humanos y vidas dignas. A lo largo de décadas, se han desarrollado proyectos que han permitido a niños acceder a la educación; se ha apoyado a cientos de mujeres que han desarrollado proyectos económicos para mejorar sus vidas y las de sus familias; se ha acompañado a procesos de paz y a personas que defienden los derechos humanos y la tierra.
“La cooperación descentralizada es una de nuestras señas de identidad; nuestro modelo es único y deberíamos sentir orgullo por ello. En un momento como el que vivimos es crucial reforzar esta política pública que responde directamente a las necesidades de las comunidades apoyadas por las ONG y que está desvinculada de intereses económicos o geoestratégicos. Los próximos presupuestos autonómicos son una oportunidad para cumplir los compromisos y apoyar a la cooperación ”, afirmó un representante de la Red de Coordinadoras Autonómicas de ONGD, Carles Xavier López.
