El consejero de Fomento y Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, ha presidido esta mañana la Comisión en materia de Vivienda del Consejo del Diálogo Social, a la que han asistido la patronal CECALE y los sindicatos CCOO y UGT, para presentar la convocatoria de ayudas al alquiler para 2018, que este año cuenta con un presupuesto de 15.288.300 euros, lo que supone un incremento por quinto año consecutivo en la cuantía de las ayudas. El presupuesto ha evolucionado pasando de los 2,9 millones en 2014 a los casi 15,3 millones de este año.
Las ayudas al alquiler se enmarcan en el Plan Estatal de Vivienda 2018-2021 que contempla una financiación durante los próximos cuatro años de 102 millones de euros, 78 de ellos procedentes del Estado y 24 millones directamente de los presupuestos de la Comunidad.
El BOCyL publica mañana la Orden que aprueba las bases reguladoras de alquiler y el miércoles 20 de junio, la convocatoria de ayudas propiamente dicha. Los interesados tienen un mes de plazo para presentar las solicitudes. Asimismo, durante la primera semana de julio se prevé la convocatoria de las ayudas a la rehabilitación, que se presentarán próximamente.
Esta nueva convocatoria continúa dando prioridad a los colectivos más vulnerables, como son las personas y unidades familiares con ingresos inferiores al IPREM, al no requerir un mínimo de ingresos. Estas ayudas van dirigidas tanto a personas solas como a unidades de convivencia, es decir, aquel conjunto de personas que habita en una vivienda de forma habitual y permanente y con vocación de estabilidad.
Principales novedades
La convocatoria de este año presenta tres novedades: la primera, se incrementa el límite máximo de ingresos llegando a tres veces el IPREM, frente a las 2,5 veces de convocatorias anteriores; la segunda, aumenta el porcentaje de subvención hasta el 50 % para jóvenes menores de 35 años y mayores de 65, diez puntos por encima del porcentaje de subvención general, que se mantiene en el 40 %. Además, este año se ha subido también el límite de renta máxima permitida para poder optar a la subvención que, dependiendo de las zonas en Castilla y León, oscila entre los 500 y 375 euros al mes, ligeramente superior al tope fijado hasta ahora de 475 y 350 euros, respectivamente.
Como en años anteriores, se permiten los cambios de domicilio dentro del territorio de la comunidad de Castilla y León durante la tramitación de la solicitud y no solo cuando se adquiera la condición de beneficiario. El periodo subvencionable será de 12 meses, desde enero a diciembre de 2018.
Más de 32 millones y 25.000 beneficiarios
Esta mañana, los miembros de la Comisión de Vivienda del Diálogo Social han conocido y evaluado también los resultados de la convocatoria de ayudas al alquiler del año pasado, que finalmente ha arrojado un balance de 11.160 beneficiarios de ayudas por importe de 15,7 millones de euros, con un importe medio de 1.320 euros. Por segundo año consecutivo, todas las personas que finalmente cumplieron los requisitos de la convocatoria, acreditaron su situación y completaron la tramitación recibieron ayuda.
Los resultados de la convocatoria de 2017 mejoraron respecto a la anterior de 2016: aumentó la cuantía de las ayudas un 44 %, pasando de 10,1 millones en 2016 a 14,6 en 2017; se incrementó el número de beneficiarios atendidos, de 8.262 a 11.160; subió la cuantía media de las ayudas, de 1.228 euros a 1.320; y mejoraron también los plazos de resolución, ya que mientras en 2016 las ayudas iniciales se abonaron en febrero y marzo y la lista de espera, en junio, en 2017 se han pagado las primeras a principios de febrero y los últimos beneficiarios las percibieron en mayo.
La presente legislatura comenzó con una convocatoria extraordinaria en octubre de 2015 que dispuso de una línea de financiación de cinco millones de euros de los Presupuestos Generales de la Comunidad y que daba preferencia, en aquel momento, a quienes estuvieran incursos en un procedimiento judicial de resolución de su contrato de arrendamiento por impago de rentas, para ayudar así a aquellas personas con especiales dificultades de acceso a una vivienda. La convocatoria benefició a 3.473 solicitantes y fue la primera que eliminó el requisito de tener al menos unos ingresos de una vez el IPREM (532,51 euros mensuales, en cómputo anual con catorce pagas), pudiendo desde esta convocatoria concurrir a las ayudas quien tenga ingresos inferiores.
Los criterios de valoración a partir de entonces han dado preferencia a quienes tuvieran menos ingresos, a familias con mayor número de miembros y, en caso de empate, a aquellas con mayor número de menores de 16 años.
Desde 2014 hasta hoy, la Consejería de Fomento y Medio Ambiente ha dedicado 32,8 millones de euros a estas subvenciones, que han ayudado a 25.419 beneficiarios.
El fomento del alquiler es uno de los ejes prioritarios sobre el que se viene sustentando la política de vivienda en esta legislatura, concretado en el mantenimiento y ampliación de las convocatorias de subvenciones al alquiler, con un apoyo decidido a las personas con rentas más bajas, como se ha materializado con la resolución de las sucesivas convocatorias.
La política de Vivienda Social en Castilla y León contempla el fomento del alquiler como uno de sus objetivos prioritarios, por entender que, frente a la compra, soluciona el problema de acceso a la vivienda y es lo suficientemente flexible para adaptarse a las necesidades de las familias en determinados momentos, centrándose en la ayuda a las personas y familias más desfavorecidas, así como a la promoción de las políticas de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas. El Consejo del Diálogo Social proporciona un marco estable a este programa de ayudas al alquiler que se ha venido desarrollando durante la presenta legislatura, que se completa con las ayudas a la rehabilitación, cuya convocatoria está prevista también para el próximo mes de julio.
