Por si eran pocos los servicios municipales que el Ayuntamiento de León ha dejado en manos de empresas privadas, la nónima de privatizaciones está en fase de multiplicarse en manos del actual equipo de Gobierno del Partido Popular desde que gobierna el alcalde Antonio Silván, hace ahora justo dos años, ya que se cumple exactamente la mitad de su mandato desde que alzó el bastón de mando de la ciudad.
Se trata de una amplia lista de obras y de servicios de carácter tan público como las aceras de la ciudad o la luz de las calles y que, en algunos casos, no dejan de sorprender. La excusa para lo que denominan "externalizaciones", que suena mucho más suave, casi siempre es la misma: las deficiencias observadas en tales obras o servicios a lo largo de años de inoperancia o malos resultados de gestión en manos del propio Consistorio, y la necesidad de que esas deficiencias sean subsanadas con la experiencia de compañías privadas a cambio de un dinero público más o menos cuantioso. Dejando al margen a la nutrida plantilla municipal.
La lista se ha inaugurado ya con la aprobación de la gestión privada durante los próximos diez años de la luz de las calles de toda la ciudad, aprobación que ha sido posible con el voto favorable de los concejales del PSOE unidos a los del PP, y con la oposición del resto de los grupos, incluido Ciudadanos, que en principio lo había apoyado y posteriormente puso una serie de condicionantes nuevos que los populares no asumieron.
La contratación conllevará la renovación de todas las luminarias de alumbrado público de la ciudad, que pasarán a tener tecnología 'led', 200 nuevos cuadros eléctricos y la reposición de 100 kilómetros de cable robado, así como la gestión privada del servicio de iluminación exterior, con un coste total de 21 millones de euros.
Privatización de los residuos de obras... de las brigadas municipales
Una privatización extravagante donde las haya es la que sacó el Ayuntamiento de León con plazo de presentación de ofertas hasta enero y que pretende gastar 228.705 euros en una empresa para que durante cuatro años se encargue de transportar y gestionar los residuos generados por la realización de obras por parte de las brigadas municipales. Por ese importe, incluso, se prevé una posible prórroga de otros dos años más, es decir, hasta 2022.
Pero no es la única ocurrencia en materia de obras. Ni mucho menos. La Concejalía de Obras ya se gastó 20.800 euros en un informe externo para evaluar las principales necesidades y desperfectos que presenta el Casco Histórico de la capital leonesa.
Y para ejecutar parte de lo que ese estudio de consultoría establece, ahora el PP ha lanzado el 'globo sonda' de pagar 300.000 euros anuales a una empresa privada, una especie de 'brigada de obras B', para que realice esas mejoras que irán desde cambios de baldosas a mejora de las señales o arreglos de mobiliario roto por actos vandálicos. Cabe de todo.
Como el planteamiento es a dos años con posible prórroga de uno más, el coste de unos trabajos que en buena lógica deberían realizar los trabajadores municipales de las brigadas de obras acabarían costando más de 900.000 euros, casi el millón de euros. ¿La excusa del PP? Que así los empleados del Ayuntamiento pueden dar abasto en los arreglos del resto de la ciudad.
Unas 300 aceras leonesas, con 3,6 millones a manos privadas
Pero estos arreglos no incluirán las aceras, en lamentable estado en buena parte de la ciudad. Porque el plan privado de mejora de aceras de las calles también está previsto ponerlo en manos particulares por el nada desdeñable precio de 3,6 millones de euros destinados a intentar lavar la cara al menos a 50 aceras al año, en total unas 300 calles, repartidas en varios barrios leoneses y las pedanías de Armunia, Trobajo del Cerecedo y Oteruelo.
Se trata de otro trabajo que las brigadas municipales tampoco ejecutarán. Este otro contrato también quedaría bien atado hasta el año 2022, ya que se propone una adjudicación de cuatro años más dos de prórroga, nuevamente.
La 'incineradora' de biomasa que se fue a Navatejera
Aún colea, por otro lado, la pretensión finalmente fallida en el término municipal de León de sacar adelante la Planta de Biomasa, la llamada incineradora por sus opositores, que el PP propuso primero para las inmediaciones del barrio de Eras de Renueva y posteriormente en Cantamilanos y La Inmaculada, según iba cosechando el rechazo vecinal y perdiendo el apoyo político del grupo municipal de Ciudadanos.
Insistentes protestas vecinales acabaron por desechar en suelo municipal leonés este proyecto, que ejecutaría la empresa pública Somacyl (dependiente de la Consejería de Fomento de la Junta), 'vendido' para quemar biomasa en cantidades industriales para dotar de calor más eficiente y la mitad de barato en instalaciones públicas de toda la ciudad a través de una 'red de calor' para transportar esa energía generada. El proyecto aún sobrevive en el vecino municipio de Villaquilambre, donde no es menor la contestación social.
Una feria de San Juan en manos particulares
Se acercan las fiestas de San Juan y San Pedro, las oficiales de la capital leonesa, y con ello la tradición de la feria de atracciones situada en las inmediaciones del estadio de fútbol Reino de León y el Palacio de los Deportes. Pues bien, el equipo de Gobierno del PP también ha anunciado una maniobra privatizadora de esta atracción lúdica y festiva, que a partir de este año recaerá en la Asociación Empresarial Provincial de Industriales Feriantes.
En realidad, el contrato inicialmente era de Río Producciones y Servicios Integrales, pero decidió retirarse después de haber ganado un concurso por el que el Ayuntamiento cobrará 192.000 euros en total, o lo que es lo mismo, 32.000 euros cada año durante cuatro ejercicios, nuevamente con opción de dos años más de prórroga, una fórmula que pura los plazos legales permitidos.
Lo curioso es que frente a los 192.000 euros que ingresarán las arcas municipales, primero éstas han gastado 387.000 euros en adecuar la zona del recinto ferial. En concreto, adjudicados a la empresa Fermasa S.A. para obras de alta y baja tensión y alumbrado público en la zona.
El préstamo de bicis... que pasará a costar dinero a los usuarios
Y otra privatización que podría ir sobre ruedas. La que ha anunciado el PP de Silván para el sistema público de préstamo de bicicletas, gestionado desde su impulso inicial en 2011 por el propio Consistorio, quede en manos de una empresa a cambio de ingresar 10.000 euros por año. Eso sí, el beneficio para la adjudicataria pasaría por el hecho de que un servicio hasta ahora gratuito para los usuarios pasaría a ser de pago. Un euro por dos horas de uso, concretamente.
Nuevamente, el grupo municipal de Ciudadanos apoya la medida, en este caso incluyendo lo que denomina mejoras como que también haya vehículos elléctricos para personas mayores o con movilidad reducida.
El negocio de la recarga de vehículos eléctricos
Inminente también otro asunto de movilidad y sostenibilidad ambiental. El equipo de Gobierno del PP sacará a concurso por 15 años, para que logestione una empresa, un sistema de 22 puntos de recarga de vehículos eléctricos -apenas existentes en León a día de hoy-, 'surtidores' o 'electrolineras' en el centro de la ciudad. Estarán disponibles antes de fin de año. En este caso no se privatiza un servicio público ya existente, sino de nueva creación, aunque público sí será el suelo que se ceda para la empresa adjudicataria. La previsión municipal es que antes de finalizar este año las 'electrolineras' ya funcionen.
También cercano en el tiempo está la nueva concesión del servicio municipal de ayuda a domicilio en la capital, ya que el plazo de la actual adjudicación expira pronto. En la actualidad lo presta la compañía Carflor por un importe de licitación de 3,8 millones para dos años, después de tomar el relevo de Seralia.
Análisis de agua privados
Para completar la lista, otra privatización surrealista: el contrato de "Servicio consistente en la recogida de muestras y análisis de agua, caños artesianos, agua de piscinas, jacuzzi, legionella y comedores colectivos". Este servicio se realizaba, antaño, por los laboratorios municipales desmantelados en época de los recortes del exalcalde del PP, Emilio Gutiérrez.
Tampoco debe tener a nadie apto para esta labor en su extensa plantilla el Ayuntamiento de León, ya que ha adjudicado a Laboratorios Biosalud esta singular pero obligatoria activida a razón de 6.069,54 euros euros al año (IVA incluido) por un total de 4 años de contrato más 2 posibles de prórroga. Un plazo que, por lo que se sigue viendo, es el habitual para mantener bien 'blindadas' estas privatizaciones hasta el año 2022.
Aunque para llamativa, la contratación de un rastreator, un intermediador, asesor y comparador para valorar qué compañías ofrecen los precios más asequibles y las mejores prestaciones a la hora de contratar todos los seguros privados vigentes en la institución municipal. El contrato fue de los primeros del nuevo mandato del PP de Silván, en julio de 2015, por un importe de 180.000 euros para dos años, con opción a otro de prórroga.
Todo esto, a la espera de un Plan Estratégico hasta 2027... privado
Llegados a este punto, incluso la 'hoja de ruta' de la ciudad para saber por dónde debe ir su desarrollo desde ahora hasta 2027 costará la nada desdeñable cantidad de 115.000 euros, por supuesto para otra empresa particular. Es el importe inicial, es decir, de licitación del proyecto que pilota el Ildefe -sociedad 100% municipal- y que está a punto de adjudicar para realizar una llamada "Consultoría y asistencia técnica necesaria para la elaboración del Plan Estratégico del municipio de León 2018-2017".
Se tratará, según explica el PP, de un "instrumento de planificación estratégica, persiguiendo definir el futuro de la ciudad de León, potenciando sus singularidades y decidiendo las prioridades que deberán articular los diferentes actores dentro del espacio público", cita irónicamente el equipo de Gobierno.
