La delegada del Gobierno en Castilla y León, Virginia Barcones, reclamó hoy a Alfonso Fernández Mañueco “responsabilidad” para hacer llegar a la sociedad, a las administraciones locales y al tejido productivo los casi 1.100 millones de euros que el Gobierno ha transferido en lo que va de año a la Junta a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resilencia.
Barcones recalcó que el Gobierno está transfiriendo a las comunidades autónomas la cantidad de fondos más alta de la historia con el objetivo claro de blindar los servicios públicos, proteger el empleo y tejido productivo y transformar el modelo económico y social. “Castilla y León no puede perder esta oportunidad y el Gobierno autonómico tiene que estar a la altura y debería estar preocupado y ocupado en distribuir esta inmensa cantidad de dinero”, recalcó.
A su vez, durante una rueda de prensa para ofrecer los datos del informe de rendición de cuentas del Gobierno correspondiente a la primer semestre del año, Barcones destacó que todas las medidas que está adoptando el Ejecutivo para superar la crisis del COVID y los efectos de la guerra de Ucrania tienen un marcado carácter social y se han convertido en un escudo para que las clases medias trabajadoras y las personas más vulnerables puedan superar las consecuencias de esta crisis. “Este Gobierno de España no deja a nadie atrás, ya que de esta manera avanzaremos hacia la cohesión social, territorial y la dinamización económica”, aseveró.
La delegada también explicó que además de los 1.100 millones transferidos hasta ahora, el Gobierno había ejecutado directamente en Castilla y León hasta el pasado mes de abril 440 millones de euros.
Entre las cifras que ofreció, subrayó los 623,6 millones de euros que el Gobierno ha destinado en Castilla y León para la prórroga de los ERTE, de los que se han beneficiado más de 189.000 trabajadores, o las 19.477 peticiones recibidas desde la Comunidad para recibir el cheque de 200 euros destinado a a personas en situación de desempleo o con bajos ingresos. Además, indicó que casi 131.000 hogares de Castilla y León se beneficiaron de la limitación del 2 por ciento en la subida de los alquileres, y que los 57.299 beneficiarios del Ingreso Mínimo Vital han visto incrementadas sus ayudas un 15 por ciento, el mismo porcentaje que han crecido las pensiones no contributivas.
Internet
Barcones, que recalcó que al contrario de la crisis de 2012 en esta ocasión el Gobierno está poniendo las medidas necesarias para no dejar atrás a nadie, también aseguró que uno de los objetivos prioritarios del Ejecutivo es la lucha contra la despoblación e indicó que mientras entre 2013 y 2017 la conexión a internet ultrarrápida llegó 218 núcleos de la Comunidad, entre 2018 y 2022 está conexión ha llegado a unos 5.000 núcleos de Castilla y León.
Por otra parte, la delegada reconoció retrasos en obras como a A-11 o el AVE, pero recalcó el “firme compromiso” del Gobierno con estas infraestructuras y matizó que se trata de inversiones que ya venían acumulado retrasos por la mala gestión de heredada.
Por último, Barcones aseguró que de los 1.494 compromisos del Gobierno, en el primer semestre se han cumplido el 53,5 por ciento, mientras que la previsión es que el segundo semestre se alcance hasta el 61 por ciento, aunque teniendo en cuenta los proyectos en los que ya está trabajando, este grado de cumplimiento supera el 98 por ciento.
