Castilla y León verá incrementada su responsabilidad en la acogida de menores migrantes no acompañados, alcanzando una capacidad ordinaria de 833 plazas. Así lo establece el borrador del real decreto elaborado por el Ministerio de Juventud e Infancia, que eleva el cupo de la comunidad desde las 783 plazas fijadas el año pasado. Con este ajuste, la región se sitúa como la sexta autonomía con mayor capacidad de gestión en todo el país, superando incluso a territorios con una presión migratoria más directa como Canarias o el País Vasco.
Este incremento en Castilla y León se enmarca en una actualización general del sistema nacional, que pretende pasar de 14.142 a 17.081 plazas totales en toda España. Según el documento al que ha tenido acceso Europa Press, la distribución de estas plazas se basa en un cálculo demográfico proyectado a 31 de diciembre de 2025, vinculando la población de cada territorio con el número máximo de menores atendidos por el sistema de protección español. La ministra Sira Rego ha confirmado que su intención es elevar este texto al Consejo de Ministros de forma inminente para consolidar el nuevo mapa de recursos.
A nivel comparativo, Castilla y León se coloca en la parte alta de la tabla de esfuerzo solidario, solo por detrás de Andalucía, Cataluña, Madrid, la Comunidad Valenciana y Galicia. Mientras que las regiones con mayor población asumen el grueso de la capacidad (con Andalucía superando las 3.000 plazas), Castilla y León mantiene una cifra significativamente superior a la de otras comunidades de interior o de menor tamaño poblacional, como Castilla-La Mancha, que contará con 742 plazas, o Navarra y Cantabria, que se sitúan en el entorno de las 200.
El borrador también contempla mecanismos de urgencia, estableciendo que las declaraciones de contingencia migratoria actuales seguirán vigentes mientras los sistemas autonómicos estén desbordados. En concreto, se mantendrán estas medidas especiales siempre que el número de menores acogidos triplique la capacidad ordinaria ahora actualizada.
