El Pleno del Congreso de los Diputados abordará este jueves 10 de abril el real decreto-ley que busca reformar el artículo 35 de la Ley de Extranjería, estableciendo la obligatoriedad de la distribución de menores migrantes no acompañados entre las comunidades autónomas en situaciones de saturación. Esta medida es fruto de un acuerdo entre el Gobierno central y Junts, pero ha generado un fuerte rechazo por parte de las autonomías gobernadas por el Partido Popular.
El real decreto-ley, que aprueba medidas urgentes para garantizar el interés superior de la infancia y la adolescencia ante contingencias migratorias extraordinarias, introduce modificaciones en el artículo 35 de la Ley de Extranjería, definiendo los criterios para el reparto de estos menores entre las diferentes comunidades. El Gobierno ha asegurado la financiación de esta iniciativa a través de un fondo adscrito al Ministerio de Juventud e Infancia, que contará con un crédito extraordinario de 100 millones de euros en 2025.
La reforma legislativa añade cuatro nuevos puntos al artículo 35. El 35 bis otorga plena autonomía a la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia para adoptar decisiones por unanimidad. Además, establece que una comunidad autónoma se considerará en situación de contingencia migratoria cuando la presencia de menores extranjeros no acompañados triplique su capacidad ordinaria, lo que activará los mecanismos de reubicación por parte del Gobierno central.
El artículo 35 ter detalla los criterios que se utilizarán para la distribución de los menores, incluyendo la población, la renta per cápita, la tasa de paro, el esfuerzo realizado previamente, el dimensionamiento estructural del sistema de plazas y la condición de ciudad fronteriza o insularidad. Estos criterios también podrán ser modificados por unanimidad en la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia.
El artículo 35 quater regula el proceso de registro y traslado de los menores no acompañados. Una vez registrado un menor en una comunidad en situación de contingencia migratoria extraordinaria, su traslado a la comunidad de destino deberá realizarse en un plazo máximo de 15 días.
Previamente al debate parlamentario, el Ministerio de Juventud e Infancia solicitó a las comunidades autónomas información sobre el número de menores migrantes no acompañados que atienden.
La ministra Sira Rego ha instado a Aragón, Madrid y Extremadura a proporcionar datos más precisos antes de este jueves, advirtiendo que, de no hacerlo, el Gobierno utilizará los datos de 2023 para calcular el reparto, lo que situaría a Madrid como la región que más menores recibiría.
Sin embargo, la mayoría de las comunidades autónomas gobernadas por el PP han manifestado su intención de recurrir el reparto, al considerar que invade sus competencias. Aragón ya ha presentado un recurso contencioso-administrativo contra el requerimiento del Ministerio, y Cantabria, Castilla y León y Andalucía también han autorizado la presentación de recursos de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional. La Comunidad de Madrid anunció que interpondría su recurso en las próximas horas, y Baleares y la Comunidad Valenciana también han iniciado los trámites para recurrir la medida.
A pesar del rechazo de estas comunidades, el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, se mostró confiado en que el Congreso convalidará el real decreto-ley, calificándolo como una respuesta "estructural, histórica e inédita".
Esta votación se produce después de que el Tribunal Supremo diera diez días al Gobierno para hacerse cargo de mil menores migrantes en Canarias que han solicitado asilo, un plazo que, según el ministro, aún no ha concluido.
