La Consejería de Economía y Hacienda ha materializado la tercera emisión de deuda de la Comunidad, la primera en formato público, en lo que va de ejercicio. Lo ha hecho aprovechando la fortaleza mostrada por los mercados financieros, que se ha visto reflejada en la buena respuesta a las operaciones llevadas a cabo tanto por el Tesoro Público como por alguna otra autonomía.
La transacción se ha cerrado por un importe de 300 millones de euros, con un plazo de devolución de 10 años. El interés final se ha estipulado en el 1,11 por ciento, fijo anual, siendo el tipo históricamente más bajo de los logrados en operaciones similares por las distintas autonomías. Asimismo, el diferencial sobre el coste del Tesoro a idéntico plazo se ha situado en el 0,17 por ciento, que es el margen más reducido aplicado a una comunidad no foral y se encuentra muy por debajo del límite autorizado de 50 puntos básicos.
La credibilidad y calidad de Castilla y León como prestataria, unido a la receptividad del mercado a este nombre, han impulsado con fuerza la demanda de títulos, que llegó a alcanzar los 1.500 millones de euros en las dos horas que duró aproximadamente la apertura de libros. De hecho, este elevado interés de los inversores permitió ajustar a la baja hasta en dos ocasiones el coste inicialmente previsto de la operación.
Fuerte demanda internacional
Asimismo, los datos de cierre de la emisión revelan que el 60 por ciento de las obligaciones se han colocado entre inversores extranjeros, un porcentaje superior al alcanzado en otras transacciones. En la distribución por países, sobresalen Francia (que captó el 17 por ciento del total de bonos), Alemania y Austria (15 por ciento), países nórdicos (8 por ciento) e Italia (4 por ciento), a los que hay que añadir cuentas inversoras procedentes de Suiza, Asia y Medio Oriente, con un 3 por ciento cada uno. Los inversores nacionales, por su parte, han concentrado el 40 por ciento restante del importe ofertado.
Además, la calidad de las ofertas queda patente a tenor de la tipología de los adquirientes de los bonos emitidos, puesto que el 51 por ciento son bancos. Les siguen las gestoras de fondos (con el 26 por ciento), los bancos centrales e instituciones oficiales (con el 12 por ciento), y finalmente compañías de seguros y fondos de pensiones (con el 9 por ciento). Se trata de inversores de carácter no especulativo, que mantienen los títulos en su cartera.
La operación de 300 millones de euros que acaba de formalizar el Gobierno de Castilla y León es la primera sindicada de carácter público que lleva a cabo la Junta desde el año 2016, aunque no hay que olvidar que la Comunidad viene manteniendo una presencia recurrente en el mercado de capitales a través de otros formatos.
Así, a lo largo de este periodo de referencia, la Administración autonómica ha llevado a cabo ocho colocaciones de títulos de deuda mediante acuerdos bilaterales con inversores privados, aprovechando su alto grado de accesibilidad a los mercados.
Diversificación de la cartera y el 80 por ciento del endeudamiento autorizado cubierto
A través de esta fórmula se logra acceder a una mayor base inversora y tener una relevancia más significativa en el mercado, lo que es importante para facilitar la cobertura de las necesidades de financiación futura. También contribuye a diversificar la cartera al incrementarse el peso que tiene el endeudamiento en títulos-valores, que tras esta operación roza el 30 por ciento del total.
Con esta última operación, Castilla y León suma tres emisiones de deuda en lo que va de año, a las que hay que añadir los ocho contratos bilaterales de préstamo suscritos. De esta forma, la Comunidad llega a mediados de mayo con el 90 por ciento de las necesidades de financiación previstas para el todo el ejercicio ya cubiertas.
