El consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, ha informado al Consejo de Gobierno sobre el acuerdo relativo al endeudamiento máximo a corto plazo a formalizar por la Comunidad en 2023 que ha fijado en un importe de 1.200 millones de euros sin perjuicio de restricción de que el saldo vivo de la Deuda del Tesoro no supere a 31 de diciembre el 10 % del total de las operaciones corrientes consignadas en el estado de ingresos de los Presupuestos Generales de la Comunidad.
Asimismo, en cuanto a operaciones de deuda a largo plazo, el artículo 30 de la Ley 3/2022, de 29 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad para 2023, autoriza a la Junta de Castilla y León para que, a propuesta del titular de la Consejería de Economía y Hacienda, pueda emitir Deuda Pública o concertar operaciones de crédito a largo plazo hasta un importe de 1.464.662.532 euros. Esta cuantía se enmarca dentro del volumen máximo de endeudamiento para la Comunidad que fija la normativa sobre estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.
La Ley 2/2006, de 3 de mayo, de la Hacienda y del Sector Público de la Comunidad de Castilla y León establece la competencia de la Junta de Castilla y León para acordar el importe máximo de las operaciones de endeudamiento dentro de los límites establecidos legalmente.
Castilla y León, entre las menos endeudadas
Por otra parte, la aportación de Castilla y León al endeudamiento general de las autonomías españolas sigue siendo limitada y con una ratio de deuda en términos de PIB inferior en 3,6 puntos porcentuales a la media autonómica que se sitúa en el 24,4 %, según los últimos datos actualizados por el Banco de España correspondientes al tercer trimestre de 2022.
En segundo lugar, la Comunidad tiene una buena calificación financiera (la misma que España según la agencia Moody´s) lo que la confiere capacidad de acceso a los mercados financieros en condiciones atractivas.
Por último, la mayor parte de la cartera de deuda de Castilla y León, en torno al 80 %, está financiada a tipo de interés fijo, y solamente un 20 % aproximadamente está concertada a interés variable, lo que mitiga el impacto directo de la subida del euribor.
Adicionalmente, esta situación de solvencia permite que la Comunidad pague antes a sus proveedores que la media de las comunidades autónomas. El Periodo Medio de Pago a Proveedores en Castilla y León se situó en el mes de noviembre de 2022 en 23,98 días, cinco días menos que la media nacional.
