La Junta de Castilla y León cumplirá las medidas recogidas en el decreto ley de ahorro energético acordadas por el Gobierno, que se convalidan hoy por el Congreso de los Diputados, aunque las considera “perjudiciales” para los usuarios y para la actividad económica, a la vez que sigue en estudio por los Servicios Jurídicos la posible presentación de un recurso de inconstitucionalidad.
“Vamos a cumplir el decreto ley aunque es perjudicial para los ciudadanos y para los sectores productivos”, remarcó el consejero portavoz, Carlos Fernández Carriedo, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno en la que apeló a la solidaridad nacional de una comunidad que aporta energía en un país deficitario.
No obstante, manifestó que no hay “ninguna manifestación” en relación al posible recurso, cuya presentación defiende su socio de Gobierno de Vox, y añadió que sigue en estudio por parte de los Servicios Jurídicos de la Junta de Castilla y León.
En relación a las medidas recogidas en el decreto ley, manifestó que la parte más restrictiva será en los servicios administrativos y burocráticos de la Administración autonómica, mientras que apoyó que los hospitales estén exentos y se pueda mantener así el confort y la calidad del servicio de los pacientes.
Fernández Carriedo insistió en que se trata de medidas “impuestas”, que no se han negociado con el resto de las administraciones ni los con sectores productivos, y que se basan en restricciones, por lo que pidió que se reflexione y advirtió del error del cierre de las minas y de las centrales nucleares cuando no se puede garantizar la soberanía energética.
