El portavoz de la Junta de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo, ha subrayado esta mañana que el Ejecutivo autonómico no descarta la implementación de "medidas autonómicas complementarias" para reforzar las rebajas fiscales ya aprobadas por el Gobierno de España. Esta intención surge como respuesta a las graves consecuencias que el conflicto bélico en Irán está acarreando sobre los sectores productivos de la comunidad, especialmente en lo relativo a la inflación y el incremento de los costes energéticos derivados de la inestabilidad en el Golfo Pérsico.
No obstante, Carriedo ha hecho un llamamiento a la prudencia y ha pedido "poner en contexto" el margen de maniobra actual de la Junta. Según ha detallado, el Gobierno regional ya está asumiendo "la mayor parte" del esfuerzo económico derivado de las medidas estatales aprobadas la semana pasada. En un escenario que califica de "extraordinariamente complicado", el portavoz ha recordado que la administración autonómica debe evaluar con rigor su capacidad financiera antes de dar luz verde a nuevas iniciativas propias.
En términos numéricos, el impacto de las rebajas fiscales en Castilla y León asciende a un total de 191 millones de euros. De esa cifra, la Junta dejará de recaudar 117 millones, frente a los 74 millones que corresponden al Estado. Esta desproporción se explica por el sistema de financiación vigente: mientras que el IVA se comparte al 50%, la aportación autonómica en el impuesto de hidrocarburos asciende al 58%, y la pérdida es total en el impuesto de la electricidad, cuya recaudación es cien por cien autonómica.
Finalmente, antes de concretar futuras ayudas, el Ejecutivo regional ha optado por una estrategia de espera. Carriedo ha señalado que es fundamental "ver la aplicación" efectiva de las rebajas nacionales y observar la evolución del conflicto en el Golfo en los próximos días, los cuales considera "decisivos" para determinar la profundidad de la crisis.
