La Junta de Castilla y León se prepara para introducir cambios significativos en los decretos que rigen las adopciones y los acogimientos familiares de menores, que datan de 2005 y 2006, tal y como recoge la agencia Ical. El objetivo principal es ampliar las posibilidades para que una familia acogedora pueda adoptar al niño o adolescente que ya cuida en su hogar. Esta medida se aplicará en situaciones donde se hayan superado los plazos del acogimiento temporal por causas no imputables a los acogedores.
La normativa actual de Castilla y León ha sido considerada "muy estricta" al establecer una clara incompatibilidad entre acogimiento y adopción, salvo en casos de menores con características especiales (grupos de hermanos, niños con discapacidades o problemas graves de conducta o psíquicos). La modificación busca, por tanto, estudiar cada caso individualmente al formalizar una medida de protección definitiva, asegurando que la permanencia del menor en la familia de acogida sea la mejor opción para garantizar sus derechos, en lugar de buscar nuevos padres adoptivos.
La Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades considera "necesario impulsar" una revisión de estos decretos para "favorecer" la protección y atención de la infancia y la adolescencia, así como para incorporar los "cambios sociales" y las modificaciones en la legislación nacional. El procedimiento iniciado por la Junta para la nueva norma, consultado por la Agencia Ical, reconoce el "cambio social" en la visión y la necesidad de "romper las fronteras entre acogimiento familiar y adopción". También atiende a las demandas de las asociaciones de familias acogedoras en casos de "adoptabilidad sobrevenida", apostando por un cambio de doctrina que priorice los vínculos del menor como criterio central.
Francisco Javier Álvarez-Ossorio, presidente de la Asociación de Familias Adoptantes de Castilla y León (Arfacyl), ha calificado los objetivos de la Consejería como “interesantes” y en la “buena línea”. Ha recordado que esta es una "reclamación de lejos" de la entidad, ya que la Comunidad contaba con una normativa "muy estricta" que dificultaba que una familia de acogida pudiera adoptar al menor, incluso cuando los equipos técnicos lo consideraban adecuado.
"Castilla y León era de las comunidades más atrasadas en esta cuestión", ha sentenciado Álvarez-Ossorio. La existencia de "dos compartimentos estancos" entre acogimiento y adopción podía vulnerar los derechos del menor al no tener en cuenta su bienestar. "En ocasiones, los acogimientos se alargan y son casi permanentes, lo que genera un fuerte vínculo entre la familia y el menor. Si la unidad está dispuesta a adoptar y se entiende que lo mejor para el niño es que siga con esa familia, hay que facilitarlo", ha defendido.
Aunque la Ley de Protección del Menor es estatal, su aplicación recae en las autonomías. Algunas dificultaban la adopción por parte de familias de acogida para evitar que se utilizara esta vía para "saltarse" las largas listas de espera. Sin embargo, asociaciones y psicólogos abogan por priorizar el bienestar del niño y advierten de las consecuencias de un cambio abrupto de hogar.
Álvarez-Ossorio ha insistido en la necesidad de un paso "más adecuado" para el menor, que contemple la "mejor posibilidad" para que el niño no sufra el cambio de situación de una unidad a otra. Ha lamentado que la modificación del decreto no vaya a incluir un protocolo de transición con pautas de obligado cumplimiento para que el paso de una familia a otra cause el menor trastorno y sufrimiento.
"Hay que cuidar las relaciones entre las dos familias, de la de acogida a la adoptiva, para que el cambio no sea dañino y traumático para el menor", ha precisado. Según el presidente de Arfacyl, actualmente, las transiciones suelen ser "cortes" que se resuelven en pocos días y varían según la provincia y el equipo técnico. "En ocasiones, da la sensación que el niño es arrancado de una familia para que pase a otra cuando lo importante es que sienta que ambas unidades le acompañan", ha añadido. Por ello, apuesta por hablar más del cuidado de las transiciones, con el bienestar del niño como finalidad última.
El procedimiento previo de elaboración de la norma también contempla otros objetivos, como agilizar los tiempos en los casos de bebés de renuncia. La idea es formalizar una guarda directamente con una familia de adopción en el tiempo previo al asentimiento, para procurar la estabilidad familiar del recién nacido y evitar cambios de cuidadores en un momento "tan crucial" para su desarrollo psiconeurológico.
Finalmente, la modificación de los decretos, según Ical, incluirá otras medidas importantes: habilitar la posibilidad de que las personas que han solicitado la adopción puedan también ser acogedores, eliminar cualquier tratamiento diferencial por la condición monoparental o biparental de los solicitantes de adopción, y reformular los efectos de la modificación de solicitudes para evitar la pérdida de antigüedad.
Álvarez-Ossorio ha reconocido que los procesos de adopción son largos, pudiendo llegar a siete u ocho años, especialmente para quienes buscan un perfil específico de niño. Por ello, ha animado a las familias a considerar la adopción de niños con características diferentes, como necesidades especiales, grupos de hermanos o adolescentes, para acortar los tiempos de espera y brindar un hogar a quienes más lo necesitan.
