Castilla y León es la comunidad autónoma que más empleos genera en el sector de la atención a las personas por cada millón de euros invertido, con 66,2 puestos de trabajo, frente a los 40,4 producidos en el conjunto de España. Esta diferencia demuestra, a juicio de la Federación Castellano y Leonesa de Atención a la Dependencia (Acalerte), el “acierto” de Castilla y León al apostar por la concesión de prestaciones profesionales en lugar de priorizar, como realizan otras autonomías, por prestaciones económicas.
Por este motivo, Acalerte reclamó a la Junta que mantenga esa “apuesta firme” y fije sus objetivos en mejorar la financiación destinada a la atención a las personas. “Invertir en las personas tiene un gran retorno en forma de empleo y de riqueza económica”, afirmó el presidente de la patronal, Diego Juez, quien como ejemplo aseguró que en un año la riqueza generada solo en empleo en España supera los 41,7 millones de euros.
Con motivo del Día Internacional de los Trabajadores, el próximo 1 de mayo, defendió que el empleo creado alrededor de la atención a las personas tiene unas particularidades que son básicas para Castilla y León. “No solo porque se trata de un empleo especializado, directo y estable, sino porque es un empleo muy feminizado, ya que más del 80 por ciento son mujeres. Además, es un empleo no deslocalizable, lo que contribuye a fijar habitantes en una Comunidad que lleva décadas sufriendo una sangría poblacional”, sostuvo.
Las perspectivas demográficas, con la próxima llegada a los Servicios Sociales de la generación del baby boom, vaticinan que en los próximos años se producirá un aumento de las necesidades de atención a las personas que conllevará “de forma irrenunciable” un importante volumen de crecimiento del empleo dedicado a la dependencia. Esto obliga a las administraciones, según advirtió Acalerte, a apostar por una “financiación digna, justa, adecuada y finalista”. Sin ella, será “imposible” incrementar y mejorar las condiciones salariales de “los profesionales que se han batido con todas sus fuerzas durante la pandemia sanitaria y lo siguen haciendo”, apostilló Juez.
Igualmente, añadió que “solo si las administraciones incrementan el precio de la plaza será posible aumentar el salario de los trabajadores”, señaló el presidente de la patronal castellano y leonesa, quien apunta que entre el 55 y el 65 por ciento del precio de cada plaza, dependiendo de la Comunidad, está destinado al salario de los profesionales.
En este sentido, es necesario, tal y como reclamó Juez, un “precio ajustado” para garantizar la sostenibilidad del sistema de la dependencia y el “futuro” de los miles de trabajadores que se ocupan en Castilla y León de la atención a las personas, entre ellas, médicos especialistas, diplomados en enfermería, asistentes sociales, fisioterapeutas, coordinadores, ayudantes de coordinación y auxiliares del servicio de Ayuda a Domicilio, terapeutas ocupacionales, gobernantes, técnicos en actividades socioculturales, oficiales y auxiliares de mantenimiento, oficiales y auxiliares administrativos, cocineros, gerocultores, porteros, recepcionistas, ayudante de oficios, limpiadores y planchadores, operadores de teleasistencia u otro personal titulado superior o no cualificado.
