Castilla y León sigue siendo líder indiscutible en cuanto a número y, por tanto, cobertura de plazas de atención residencial y en la financiación pública de éstas. Así lo constata el último informe de la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes en Servicios Sociales, cuyos datos avalan el refuerzo del sistema de cuidados de las personas mayores y en situación de dependencia, un compromiso de la Junta y de su presidente, Alfonso Fernández Mañueco.
De nuevo, Castilla y León se sitúa a la cabeza de todas las comunidades autónomas: mientras a nivel nacional existe un déficit de 88.814 plazas para alcanzar la ratio de cinco por cada 100 personas mayores —se sitúa en el 2,79 %—, en el territorio castellano y leonés existe un exceso de 17.234 y ese porcentaje de plazas para mayores de 65 años en centros residenciales se sitúa en el 7,73 %, es decir, cinco puntos por encima de la media del conjunto del país. Un excedente en el sistema de cuidados que continúa la estela de años anteriores, de acuerdo con el último informe, publicado en 2022. Actualmente, hay en la Comunidad 48.791 plazas de atención residencial.
El estudio recientemente publicado arroja datos hasta principios de 2023. Unos números que muestran también el nivel de financiación pública de las plazas de atención residencial en cada comunidad autónoma. En este punto, Castilla y León también es líder, puesto que el 80 % —cuatro de cada cinco— de las personas mayores que viven en uno de estos centros cuenta con recursos procedentes de la Administración para sufragar la residencia. A nivel nacional, ese porcentaje alcanza el 67,9 %, es decir, la Comunidad se coloca 12 puntos por encima de la media española. Además, si se comparan estas cifras con el anterior informe, las plazas con financiación pública han aumentado un 5 % en el territorio castellano y leonés.
La Asociación Estatal de Directoras y Gerentes en Servicios Sociales también destaca la necesidad de crear hasta 30.000 plazas para atender a las personas en situación de dependencia severa o grandes dependientes. En el caso de Castilla y León, la tasa de cobertura de todas las prestaciones en este ámbito, entre las que se incluyen las plazas residenciales vinculadas financiadas públicamente por la Junta, es casi del 100 %, concretamente, del 99,87 %.
Cambio de modelo de atención
El Ministerio de Derechos Sociales planteó en 2023, dice el informe, una estrategia nacional conjunta para fomentar el cuidado de las personas mayores y dependientes en su propio hogar y, además, humanizar el sistema de asistencia en residencias, para lo que aún no se han dado pasos decididos, agrega. Sin embargo, Castilla y León lleva varios años impulsando el modelo de atención centrado en la persona, que alcanza todos los aspectos del sistema de cuidados autonómico.
Lo hace, por un lado, con programas y servicios de ayuda a domicilio, como son ‘A gusto en casa’ o ‘INTecum’, y herramientas tecnológicas como el sistema de Teleasistencia Avanzada, para que personas mayores, dependientes e, incluso, enfermos crónicos y terminales puedan continuar residiendo en sus hogares. Por otro, con la progresiva adaptación del modelo de atención residencial a través de la implantación de unidades de convivencia en residencias titularidad de la Junta o su impulso en otros centros públicos y privados.
En este último aspecto, el Ejecutivo autonómico ha venido adaptando sus propios centros desde hace una década. Es más, desde 2021 y en los siguientes cuatro años se está llevando a cabo una inversión que supera los 110 millones de euros para que las residencias autonómicas adopten este modelo mediante el cual los usuarios viven en espacios equiparables a su propio hogar. Además, la Junta ha convocado una subvención por valor de 15 millones de euros para que los centros públicos y privados se adapten al modelo.
No en vano, la Ley Reguladora del Modelo de Atención en los Centros de Carácter Residencial y Centros de Día de Servicios Sociales para Cuidados de Larga Duración en Castilla y León, que se está tramitando actualmente, recoge en su articulado la adaptación de todas las instalaciones orientadas al cuidado de las personas mayores al modelo de unidades de convivencia, continuando la senda de la última década y como uno de los pilares del sistema de atención centrado en la persona.
