Los Servicios Sociales de Castilla y León revalidan su liderazgo y continúan a la cabeza del resto de comunidades autónomas de España con un régimen común de financiación. El sistema social castellano y leonés, en cuya cúspide se ubica la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, obtiene una vez más la máxima puntuación entre las autonomías no forales, es decir, todas excepto Navarra y el País Vasco.
De acuerdo con el Índice DEC relativo al año 2023, realizado por la Asociación estatal de directoras y gerentes de los Servicios Sociales y publicado este jueves, la Comunidad supera holgadamente la media nacional, con una ventaja de 1,58 puntos, a pesar de que algunos de los indicadores han cambiado y ahora son más exigentes, los cuales han hecho descender en puntuación a la mayoría de los territorios.
El sistema de Servicios Sociales de Castilla y León alcanza la excelencia en el apartado de derechos y obtiene la mayor puntuación de entre todas las comunidades autónomas, llegando a 1,40 de 1,50, mientras que la media estatal se sitúa en 0,95. En esta categoría, donde se han producido importantes cambios, puntúa contar con un plan estratégico o un mapa de cobertura, tener una norma o estrategia sobre ética o haber constituido un comité, haber aprobado una norma o estrategia sobre investigación así como un presupuesto específico para ello y haber desarrollado normativa sobre la Historia Social Única y tenerla implantada. En todos estos indicadores, la Comunidad aprueba con solvencia. Para haber alcanzado la perfección y lograr el 0,10 restante, el departamento que dirige Isabel Blanco debería denominarse Consejería 'de Servicios Sociales'.
Castilla y León continúa mostrando un sistema equilibrado, con uno de los mejores ratios entre cobertura y gasto. Esto se debe a la gran red de colaboración tejida con las entidades locales para la gestión de prestaciones y servicios y a la adecuada integración del Sistema de Atención a la Dependencia en los Servicios Sociales autonómicos. Es más, también cuenta con un gran equilibrio entre los derechos que reconoce a la ciudadanía y la entrega efectiva de prestaciones y servicios.
No en vano, en el apartado de cobertura, aun habiéndose producido también cambios importantes a la hora de evaluar a las comunidades, Castilla y León se encuentra por encima de la media estatal y es la que obtiene la mayor puntuación de toda España, alcanzando la excelencia: 3,79 puntos frente a 2,59.
La Comunidad destaca sobremanera en profesional por número de habitantes —uno por cada 1.697 frente a los 1.764 estatales—, dependencia —es líder con una nota de 8,9 del Observatorio de la Dependencia frente al 5,1 nacional—, plazas residenciales de financiación pública para mayores de 70 años —a la cabeza con una cobertura que duplica la media estatal— o en plazas residenciales para personas con discapacidad, con una plaza por cada 22 de estos ciudadanos frente a las 57 del conjunto del país.
También se coloca en las posiciones más altas en cuanto a acogimientos familiares de menores, con el 55 % del total de la Comunidad, tres puntos por encima de la media nacional; en tasa de plazas de alojamiento para víctimas de violencia machista, con 21,1 plazas por cada 100 mujeres frente a las 14,25 del Estado; o en plazas de alojamiento para personas sin hogar, con 82,9 por cada 100.000 habitantes frente a las 58,5 del conjunto de España.
