Castilla y León pasará a una posición de “ataque” en su relación con el Estado en la defensa de los intereses de la Comunidad y vigilará con equipos técnico-jurídico en todas las consejerías las normas que se aprueben, que, en caso de lesionar sus competencias, llegarían hasta la presentación de un recurso de inconstitucionalidad.
El consejero de la Presidencia, Luis Miguel González Gago, expresó este viernes esta “novedad” en su comparecencia en las Cortes para exponer su programa ya que fue nombrado consejero en mayo en sustitución de Jesús Julio Carnero, y manifestó que seguirá una línea continuista con las marcadas por quien le precedió, este viernes alcalde de Valladolid.
González Gago argumentó que hasta ahora la mayoría de reuniones de la Subcomisión de Solución de Conflictos se han producido a instancias del Estado, no de la Comunidad, pero avanzó que en esta legislatura, como “cuestión novedosa”, la Administración autonómica “va a dejar de jugar a la defensiva para pasar a jugar al ataque en defensa de nuestras competencias estaturarias”.
En tal sentido, precisó que se determinará reglamentariamente un mecanismo orgánico propio para analizar las leyes, con lo que cada consejería contará con un grupo de trabajo de carácter técnico-jurídico encargado de detectar las posibles colisiones de esa nueva normativa estatal aprobada con el Estatuto de Autonomía.
En caso de detectarse alguna colisión, a propuesta de la parte castellano y leonesa de la Subcomisión, explicó que se dictará la Orden correspondiente solicitando al Estado iniciar las reuniones y trámites previstos en la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, que, de no fructificar en un acuerdo por consenso entre ambas partes, conllevará el planteamiento, con informe del Consejo Consultivo, del correspondiente recurso de inconstitucionalidad mediante Acuerdo de la Junta de Castilla y León, en la legítima defensa de nuestra autonomía.
