En concreto, ante el impacto económico de la crisis originada por el COVID-19, la normativa estatal permite que una parte de los ingresos procedente de las cotizaciones de formación que pagan empresas y trabajadores pueda dedicarse a sufragar prestaciones, a costa de recortar esta financiación a las autonomías. Y ello pese a que los asalariados ya cotizan cada mes para la protección frente al desempleo, por lo que con esta medida se está duplicando su aportación para el mismo fin.
La ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, hizo ayer efectiva la aplicación del Real Decreto-Ley 11/2020, de 31 de marzo, durante la Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales celebrada por videoconferencia, en la que participó el consejero de Empleo e Industria, Germán Barrios. En el transcurso de la reunión se aprobó, con el voto en contra de Castilla y León, la distribución entre las autonomías de los fondos previstos en el Plan Anual de Políticas de Empleo (PAPE).
El Ministerio asignó a esta Comunidad un total de 63,5 millones de euros para políticas de empleo, que podrán elevarse hasta los 71,2 millones a lo largo de 2020. Esta última cantidad representa algo menos del 50 % del presupuesto del PAPE que le correspondería a Castilla y León, según las estimaciones realizadas por la Consejería de Empleo e Industria, sin que el departamento que dirige Díaz haya concretado a cuánto ascendería el total de las transferencias que debería recibir la Junta este año.
Durante la conferencia sectorial, el titular de Empleo en Castilla y León manifestó lo siguiente:
Primero. Que rechaza la última decisión adoptada por el Gobierno de España, puesto que implica detraer recursos de las políticas de empleo que gestionan las comunidades autónomas y, por lo tanto, vaciarlas de contenido y menospreciar su aportación a la dinamización del mercado laboral.
Segundo. Si bien la Junta defiende que para paliar el impacto de esta crisis originada por el COVID-19 es necesario garantizar la cobertura de las personas que carecen de renta, también lo es, indudablemente, asegurar la reactivación de la economía y el mantenimiento del empleo. Y para ello es imprescindible contar con una dotación suficiente para ejecutar las medidas de empleo que impulsan las comunidades.
Tercero. Es preciso flexibilizar los criterios para reorientar los fondos hacia las políticas de empleo más necesarias en el contexto actual, es decir, excepcionar el carácter finalista de las transferencias estatales. El Gobierno autonómico considera prioritario gestionar los recursos atendiendo a las necesidades específicas de Castilla y León y reforzar las medidas para el mantenimiento y fomento del empleo, como los incentivos a la contratación, las compensaciones a trabajadores afectados por Expedientes de Regulación Temporal de Empleo o las líneas de ayuda a los autónomos, entre otros.
Cuarto. La Consejería de Empleo e Industria lamenta que desde la declaración del estado de alarma el Ministerio de Trabajo y Economía Social haya adoptado un conjunto de medidas que afectan a las relaciones laborales sin atender los criterios de las comunidades autónomas, pese a que en el ejercicio de sus competencias como autoridad laboral deben aplicar la normativa dictada por el Gobierno. La última disposición contendida en el Real Decreto-Ley 11/2020, de 31 de marzo supone romper con los principios de coordinación, cooperación y corresponsabilidad de las autonomías. Pese a todo, la Junta se compromete a continuar colaborando con lealtad institucional en el desarrollo de todas las iniciativas impulsadas para mitigar las consecuencias de esta crisis sobre la actividad productiva y el empleo.
