La consejera de Educación en funciones, Rocío Lucas, solicitó esta tarde en la Conferencia Sectorial de Educación que los nuevos currículos de ESO y Bachillerato no entren en vigor en el próximo curso 2022-2023 y además de enumerar los problemas que conlleva su tramitación tardía, aseguró que empeoran la calidad educativa.
Dado que el Real Decreto que regula las enseñanzas de la ESO se acaba de aprobar y aún falta hacer lo propio con el de Bachillerato, Lucas considera que, a menos de seis meses para que arranque del nuevo curso, las comunidades autónomas aún no han podido elaborar sus currículos, a la vez que recalcó que los documentos definitivos “llegan tarde” e introducen cambios significativos respecto a los borradores con los que ya están trabajando las comunidades autónomas, “por lo que el trabajo adelantado prácticamente no sirve”.
La consejera de Educación en funciones consideró “inaudito” que se estén elaborando los currículos estatales en marzo cuando las comunidades autónomas deben desarrollar la parte proporcional al 40 por ciento de las enseñanzas , a la vez que denuncia que otra de las consecuencias del retraso es que los centros no van a tener tiempo material para actualizar sus programaciones didácticas a la nueva normativa, ni las editoriales podrán adaptar los libros de texto en tiempo y forma.
Respecto al Real Decreto aprobado ayer en Consejo de Ministros, Rocío Lucas insiste en que es “perjudicial” para el sistema educativo. “La normativa que regula estas enseñanzas no tiene homogeneidad alguna, es como si se hubieran puesto uno detrás de otro los textos de grupos de trabajo estancos sin coordinación entre ellos”, aseguró.
Al mismo tiempo, argumentó que la eliminación de las notas numéricas y la expedición del título de ESO sin calificación, devalúan la superación de estos estudios. Así, la pérdida de competencias básicas para este alumnado, aun obteniendo el título, lastrará la posibilidad de cursar estudios de Bachillerato y Educación Superior. Además, recordó que, como ha denunciado en anteriores ocasiones Castilla y León, la posibilidad de pasar de curso sin límite de suspensos y la supresión de las recuperaciones de septiembre solo servirá para desmotivar al alumnado y minorar sus esfuerzos personales.
Ucrania
La Conferencia Sectorial de Educación celebrada esta tarde tenía como principal punto en el orden del día la escolarización del alumnado proveniente de Ucrania. En este punto, Rocío Lucas informó de que el número de alumnos escolarizados en estos momentos en Castilla y León asciende a 270.
En este sentido, también explicó que los alumnos están recibiendo los apoyos necesarios contemplados en la atención a la diversidad del sistema educativo de Castilla y León, y que cada caso se estudia de forma individual para concretar los refuerzos que precisa.
En España son ya 7.100 escolares, el 23 por ciento de los cuales se encuentran en Infantil, el 50 en Primaria, el 25 por ciento en Educación Secundaria Obligatoria y el dos por ciento en educación postobligatoria. Su distribución se concentra principalmente en Cataluña, Madrid, Comunidad Valenciana y Andalucía.
Para facilitar la integración y la acogida de estos estudiantes, el Plan de Contingencia de España para la Atención Educativa Integral a los estudiantes ucranianos desplazados validado hoy por la Conferencia Sectorial prevé la creación de materiales educativos en ucraniano y en español y su puesta a disposición de las comunidades autónomas, así como la acogida temporal de docentes procedentes de Ucrania para prestar apoyo a los alumnos y alumnas ucranianos en los centros educativos, entre otras medidas.
Para coordinar estas políticas y hacer el seguimiento de la situación se ha creado un grupo de trabajo con las comunidades autónomas en el seno de la Conferencia Sectorial. Se recopilará a nivel comunitario toda la información referente al número, nivel, aulas y otros datos relevantes sobre los estudiantes desplazados, así como la normativa desplegada y los protocolos desarrollados.
A nivel comunitario, se ha puesto también en marcha un grupo de trabajo, denominado EU Education Solidarity Group for Ukraine, para coordinar la información y la respuesta por parte de los distintos países de la Unión Europea. De la misma forma se recopilarán y pondrán en común las actuaciones y datos disponibles sobre la respuesta educativa dada por los Estados miembros.
Igualmente, con el objetivo de facilitar la integración de los ucranianos desplazados, se acuerda agilizar los procedimientos de homologación de los títulos educativos y la acreditación de competencias profesionales. Para ello se contempla, entre otras medidas, reforzar de forma temporal y extraordinaria el personal destinado a la información y la homologación de títulos; establecer una interlocución permanente con la Embajada de Ucrania en este asunto; y prolongar, en su caso, los periodos de validez de los documentos provisionales que permiten la continuación de los estudios durante el proceso de convalidación.
En cuanto a la financiación, la Comisión Europea está movilizando fondos europeos para ayudar a los Estados miembros a recibir y apoyar a los refugiados de Ucrania, a través de la propuesta Acción de Cohesión para los Refugiados en Europa (CARE). Esta flexibiliza las normas de la política de cohesión para que los fondos no utilizados en el anterior periodo (2014-2020) puedan destinarse a financiar la ayuda de emergencia a los refugiados ucranianos.
También podrán utilizarse los fondos REACT-UE y los del programa Erasmus+, cuyo destino podrá reorientarse. El grueso de los esfuerzos de financiación previstos se destinará a la contratación de docentes, orientadores y de personal de apoyo para facilitar el aprendizaje de nuestro idioma y la integración de los menores, al refuerzo de las ayudas educativas a los desplazados y a la adquisición y montaje de potenciales aulas modulares, en caso de que fuera necesario.
La ministra de Educación y Formación Profesional, Pilar Alegría, se reúne este jueves con el embajador de Ucrania en España, Serhii Pohoreltsev, un encuentro en el que participarán también el ministro de Universidades, Joan Subirats, así como otros representantes de los ministerios de Educación y Formación Profesional, Universidades y Ciencia e Innovación.
