Castilla y León contará este año con cerca de 15,1 millones de euros para desarrollar el Plan Corresponsables, 7,4 millones más del Pacto de Estado contra la Violencia de Género y más de un millón de euros adicional para los programas de apoyo y asistencia integral a víctimas de violencia machista. En total, son prácticamente 23,5 millones de euros distribuidos por el Gobierno para luchar contra la violencia machista y promover la corresponsabilidad y el reparto de cuidados en el ámbito familiar en Castilla y León.
El Plan Corresponsables financia actuaciones o prestaciones que faciliten la conciliación de las familias con hijas e hijos de hasta 16 años de edad, mediante la creación de bolsas de cuidado profesional, la creación de empleo de calidad en el sector de los cuidados y la puesta en marcha de un sistema de acreditación de competencias profesionales adquiridas a través de la experiencia profesional o vías no formales.
Por otro lado, los fondos del Pacto de Estado contra la Violencia de Género y programas de apoyo y asistencia integral a víctimas se destinarán a proyectos de lucha contra la violencia contra la mujer por razón de género en Castilla y León.
En total, en el conjunto de España, se han consignado 307 millones de euros en el presupuesto de gastos de la Secretaría de Estado de Igualdad y contra la Violencia de Género para transferencias a las comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla, 190 millones de euros para el Plan Corresponsables, 100 millones de euros del Pacto de Estado contra la Violencia de Género y 17 millones más para programas de apoyo y asistencia integral a víctimas.
La distribución de estos fondos para medidas de protección y promoción de los derechos de las mujeres se hará efectiva en la próxima Conferencia Sectorial de Igualdad, prevista para finales de este mes de febrero.
Agilidad
Este año, gracias a la agilización impulsada por el Ministerio de Igualdad, tanto los fondos del Pacto de Estado contra la Violencia de Género como los del Plan Corresponsables y los de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, llegarán con meses de antelación respecto a años anteriores a las comunidades autónomas. Nunca se habían repartido a principios del primer trimestre.
Esta agilización normativa reduce en un 55% los plazos de aprobación logrados en 2021 y permite un despliegue mucho más rápido de las políticas de lucha contra las violencias machistas y de corresponsabilidad. Igualdad se reafirma así, en su empeño de que las políticas feministas sean una cuestión de Estado y por tanto de máxima urgencia para resolver los problemas de las mujeres en todo el territorio.
