Castilla y León recibirá 335 millones de euros, el 3,4 por ciento, del Fondo REACT-EU destinado a fortalecer el Estado del Bienestar y a reactivar la economía tras el impacto de la pandemia provocada por la COVID-19. En conjunto, las comunidades contarán con 10.000 millones, 8.000 en 2021 y otros 2.000 en 2022 procedentes de estos fondos europeos.
El Ministerio de Hacienda informó a las autonomías del reparto del Fondo REACT-EU durante la celebración telemática del Foro Extraordinario de Economía y Política Regional en el que participó la ministra de Hacienda, María Jesús Montero; la secretaria de Estado de Presupuestos y Gastos, María José Gualda; la directora general de Fondos Europeos, Mercedes Caballero, así como los directores de Fondos Europeos de las comunidades y ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.
Castilla y León contará con el 3,4 por ciento de los 10.000 millones, frente al 18,8 por ciento de Andalucía (1.881 millones), Cataluña, con el 17,1 por ciento (1.706) y la Comunidad de Madrid, con el 12,8 por ciento (1.254 millones). La asignación se produce justo cuando las negociaciones entre las instituciones europeas para la regulación de estos Fondos han concluido.
La Ayuda a la Recuperación para la Cohesión y los Territorios de Europa (REACT-EU) forma parte de un paquete de ayudas europeo más amplio aprobado por la Comisión Europea en julio de este año que alcanza una cifra total de 750.000 millones de euros para el conjunto de estados miembros. De esa cantidad a España le corresponden aproximadamente 140.000 millones y ha logrado ya una preasignación de 76.724 millones correspondiente al Plan Next Generation.
La mayor parte de esos recursos se enmarcan en el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, con una asignación estimada para España de 64.300 millones. El resto corresponde al REACT-EU con una asignación de unos 12.436 millones de euros (los 10.000 millones repartidos entre las comunidad y los 2.436 millones gestionados por el Ministerio de Sanidad fundamentalmente para la compra de vacunas). A ello hay que añadir la política de cohesión tradicional, dentro del Marco Financiero Plurianual 2021-2027.
También se destinarán a un Plan de Reforzamiento de la Atención Primaria y a un Plan de Renovación de Tecnologías Sanitarias que ejecutarán las administraciones territoriales y que buscará incrementar la capacidad de respuesta del sistema sanitario ante futuras emergencias.
Destino
Hacienda indicó que los recursos procedentes del REACT-EU deben destinarse a financiar, fundamentalmente, operaciones en el ámbito de la educación, la sanidad y los servicios sociales, para paliar el impacto sufrido en ellos como consecuencia de la pandemia, así como para transformarlos estratégicamente de cara al futuro.
Es decir, debe dirigirse a reforzar con partidas adicionales las políticas públicas básicas en un contexto de crisis en el que se han demostrado como la red de seguridad para millones de ciudadanos. En cualquier caso, el Gobierno deja abierta la posibilidad de que las autonomías puedan plantear otros ámbitos de actuación que consideren relevantes para la reactivación económica.
De acuerdo a lo acordado en el Consejo de Política Fiscal y Financiera del pasado octubre, los fondos del programa REACT-EU se distribuirán para su ejecución a través de los Fondos FEDER (Fondo Europeo de Desarrollo Regional) y FSE (Fondo Social Europeo), dentro de los programas operativos del Estado y de las comunidades ya existentes, añadiendo un nuevo eje a los mismos. En concreto, se repartirán 8.000 millones en 2021 y 2.000 en 2022.
En el caso del programa FEDER, los recursos adicionales se utilizarán principalmente para apoyar la inversión en productos y servicios sanitarios -especialmente los vinculados a la COVID-; para prestar apoyo en forma de capital circulante o de apoyo a la inversión para las pymes; en inversiones que contribuyan a la transición hacia una economía digital y verde; para inversiones en infraestructuras que presten servicios básicos a los ciudadanos; y en medidas económicas en las regiones más dependientes de los sectores más afectados por la crisis como, por ejemplo, el turismo.
En el caso del FSE, los recursos adicionales apoyarán la creación de empleo, especialmente para las personas en situación de vulnerabilidad, las medidas en materia de empleo juvenil, la educación y la formación, así como apoyar las transiciones hacia una economía sostenible y digital. También para mejorar el acceso a los servicios sociales de interés general.
La tasa de cofinanciación de todas las actuaciones que resulten elegibles es del 100 por 100. La prefinanciación es del once por ciento del total de los recursos de 2021 y el período de elegibilidad será hasta 31 de diciembre de 2023.
Criterios de reparto
La propuesta de reparto de la programación fue adelantada por la ministra de Hacienda en el Consejo de Política Fiscal y Financiera de octubre y sigue el modelo y los criterios de distribución utilizados por la Unión Europea con sus estados miembros para hacer frente a las consecuencias de una pandemia.
Así, se tienen en consideración tres indicadores. El primero va dirigido a medir el impacto de la pandemia en la riqueza de cada Comunidad Autónoma. Este indicador tiene un peso equivalente a las 2/3 partes del reparto total. El segundo mide el impacto de la crisis en el desempleo, con un peso en el reparto total igual a 2/9 de la asignación. El tercero mide el impacto de la crisis en el desempleo juvenil (15 a 24 años), tiene un peso del 1/9 de la asignación total. Adicionalmente se incluye una ayuda para las regiones ultraperiféricas como Canarias.
Plan de Recuperación
Respecto al desarrollo del Plan de Recuperación y Resiliencia, el Ministerio de Hacienda ha informado a las comunidades que está siendo actualmente objeto de negociación y discusión con la Comisión Europea, lo que hace necesario esperar a que avance más para definir la participación de las autonomías.
En cualquier caso, el Gobierno de España se ha comprometido a que las comunidades participen en dicho plan ejecutando los programas que correspondan a su ámbito competencial. El objetivo del Ejecutivo con todos estos fondos es impulsar la recuperación social y económica del país tras el impacto provocado por la COVID-19. Para ello se fortalece el Estado de Bienestar con el objetivo de no dejar a nadie atrás.
Asimismo, recordó que los fondos deben impulsar un cambio en el modelo productivo para lograr un crecimiento sostenible e inclusivo que modernice el tejido productivo apostando por la I+D+i y la creación de empleo de calidad, así como fomentar la transición ecológica y digital, la cohesión social y territorial y la igualdad.
