Castilla y León ha reducido su deuda viva en el primer trimestre del año hasta 11.288 millones de euros, una cantidad que equivale al 20,2 % de su Producto Interior Bruto (PIB), según los datos hechos públicos hoy por el Banco de España. Esta ratio es dos décimas inferior a la registrada al cierre de 2016 e implica ampliar el diferencial con la media de las autonomías hasta los 4,6 puntos. La Comunidad se consolida como la octava más saneada de España en términos relativos.
La estadística del supervisor bancario constata que el endeudamiento de la Administración autonómica ha decrecido el 0,25 % –28 millones de euros en cifras absolutas– entre enero y marzo, con respecto al periodo septiembre-diciembre del pasado año.
Esta reducción intertrimestral se produce únicamente en otras cinco autonomías, además de la castellana y leonesa –Andalucía, Valencia, Cantabria, Castilla-La Mancha y Murcia–, frente al incremento del 0,85 % que experimenta la deuda viva del conjunto de comunidades (2.365 millones).
Asimismo, si pone en relación el volumen de endeudamiento autonómico con el tamaño de las economías de cada territorio, la ratio de Castilla y León alcanza en marzo el 20,2 % del PIB, por lo que la Comunidad se consolida como la octava más saneada, por detrás de Madrid, País Vasco, Canarias, La Rioja, Navarra, Asturias y Galicia. Este porcentaje supone ampliar hasta los 4,6 puntos el diferencial con la media de las comunidades –que se sitúa en el 24,8 %–, mientras que al cierre de 2016 esa brecha se fijaba en 4,5 puntos.
El Banco de España cifra en 11.288 millones de euros el pasivo de Castilla y León en el primer trimestre, el 4,04 % del total que acumulaban las autonomías en el mismo periodo de referencia, según el Sistema Europeo de Cuentas (SEC).
En esta cantidad se incluyen los créditos formalizados en 2015 con cargo al Fondo de Facilidad Financiera (FFF), que ascienden a 2.053 millones de euros; las operaciones de ‘factoring’ sin recurso, es decir, la cesión a instituciones financieras de algunos créditos comerciales frente a las administraciones públicas, que agregan 163 millones; la deuda asociada a proyectos de colaboración público-privada, que asciende a 294,6 millones de euros, y los préstamos suscritos por la Junta para apoyar a las empresas, que tienen un carácter reintegrable y suman 372 millones.
Quinta emisión en diez meses
El estudio de la composición de la cartera de deuda pone de manifiesto el peso más relevante que han ido adquiriendo las emisiones frente a los préstamos, de manera que el endeudamiento concertado a través de la primera modalidad representa ya el 28,8 % del total, mientras las operaciones bajo el segundo formato suponen el 71,2 %.
A esta circunstancia han contribuido las cuatro emisiones realizadas en condiciones ventajosas en los pasados meses de junio, octubre y noviembre de 2016, por un montante total de 740 millones, y la materializada en el mes de marzo de este año por importe de 253 millones de euros. El endeudamiento a través de la emisión de títulos valores permite reforzar la imagen de Castilla y León como entidad activa en los mercados de deuda con objeto de ampliar su base inversora.
En lo que respecta a la titularidad de los 11.288 millones que alcanza el pasivo de Castilla y León, el 96 % corresponde a la Administración; el 3,1 % recae en las universidades y entes públicos de derecho privado, y solo el 0,9 % es responsabilidad de las empresas públicas.
Estas son las cifras que se consideran a efectos del SEC. Quedan excluidos de esta metodología los créditos contraídos por las empresas públicas que realizan actividades de mercado, cuya deuda ascendía en el primer trimestre a 179 millones de euros, el 0,3 % sobre el PIB, una décima inferior a la ratio del conjunto de comunidades.
La suma de la deuda que computa el Sistema Europeo de Cuentas (11.288 millones de euros) y la que no (179 millones) asciende a 11.467 millones, una cantidad equivalente al 20,5 % del PIB, el octavo porcentaje más bajo entre las autonomías. Esta ratio castellana y leonesa es además 4,7 puntos inferior a la media, ya que el endeudamiento global del sector público de las comunidades supone el 25,2 % del tamaño de sus economías y asciende a 283.740 millones.
