La aportación de Castilla y León al endeudamiento global de las autonomías españolas sigue siendo limitada, de acuerdo con los datos facilitados esta mañana por el organismo regulador. En concreto, al finalizar el segundo trimestre del año suponía el 4,1 % del total de las comunidades, contabilizado en 316.663 millones de euros.
A esa misma fecha y en términos absolutos, Castilla y León acumulaba 13.124 millones de euros de pasivo. Esta cantidad representa el 20,9 % de su Producto Interior Bruto y permite conservar la octava posición en la lista de territorios menos endeudados de España, por detrás de Madrid, Canarias, Navarra, País Vasco, Asturias, Galicia y La Rioja. Esta buena posición relativa denota la responsabilidad con la que la Junta viene utilizando tradicionalmente esta fórmula de financiación.
En este importe el supervisor bancario incorpora los créditos reintegrables que la Administración de la Comunidad concede a las empresas, cuantificados en 253,6 millones de euros, el llamado “factoring sin recurso” –créditos comerciales con la Administración cedidos a entidades financieras–, que añade 59,1 millones de euros y el endeudamiento asociado a proyectos de colaboración público-privada y otra deuda imputada, por 264,6 millones de euros.
El análisis de la estructura de la cartera de endeudamiento de Castilla y León en términos SEC 2010 (Sistema Europeo de Cuentas), atendiendo a quiénes son los prestamistas, revela que, al acabar el segundo trimestre de 2022, el mayor importe corresponde a las emisiones de deuda pública que representan el 29 %, con 3.807,9 millones de euros. En segundo lugar se encuentra el Fondo de Facilidad Financiera con 2.157,5 millones de euros, –en concreto, el 16,4 %- correspondiente a préstamos concertados en 2015 y 2020.
Como tercer prestamista figuran las entidades financieras multilaterales, como son el Banco Europeo de Inversiones y el Banco de Desarrollo del Consejo de Europa, con 1.238,9 millones de euros, un 9,4 % de la deuda de la Comunidad.
Por otro lado, el 96,1 % del endeudamiento castellano y leonés correspondía a la Administración General, frente al 3,9 % de universidades, organismos autónomos, entes públicos de derecho privado y empresas públicas, entre otros.
Respecto a los plazos de vencimiento, el 99,5 % de la deuda viva de la Comunidad está formalizada a largo plazo, frente al 0,5 % firmada a corto. El 82,6 % está concertado a tipo de interés fijo y el 17,4 % a variable, un reparto que permite mitigar el efecto de subidas del Euribor.
Sin deuda de empresas públicas no sectorizadas
Finalmente, cabe señalar que el Banco de España además, contabiliza en 2.608 millones de euros la deuda de otras empresas públicas que pertenecen a las CCAA que no están incluidas en el perímetro SEC 2010, sin que Castilla y León tenga asignada ninguna cuantía adicional. De este modo, teniendo en cuenta los datos de todo el sector público autonómico la ratio media de endeudamiento con respecto a PIB se elevaría al 25,1 %, frente al 20,9 % de Castilla y León.
