Castilla y León registra entre los meses de enero y julio de este año un total de 18 accidentes laborales mortales, de los que once se debieron a “patologías previas y enfermedades sobrevenidas al puesto de trabajo”, es decir, “lesiones no traumáticas en el puesto de trabajo”, así como “accidentes de tráfico”, de forma que “solamente cuatro fueron referidos a las condiciones específicas del puesto de trabajo”. La cifra total supone una reducción del 18 por ciento respecto al mismo periodo del pasado año.
Así lo ha detallado este miércoles la consejera de Industria, Comercio y Empleo, Leticia García, durante su visita al Centro de Seguridad y Salud Laboral de Castilla y León, situado en León.
Leticia García reconoce el “ligero incremento” del índice de siniestralidad, al que relacionó con “el aumento de los afiliados a la Seguridad Social”, lo que le permitió afirmar que “el índice se mantiene más o menos invariable respecto al total de accidentes de trabajo”.
Leticia García quiso resaltar la labor del Centro de Seguridad y Salud Laboral como apoyo “para determinar acciones por parte de la Junta Castilla y León en política de prevención y de acción ante situaciones de riesgos laborales”. Como ejemplo de ello, ha aludido a los últimos informes de siniestralidad laboral, que “dan los datos de los accidentes laborales”, al tiempo que “marcan las líneas a seguir para prevenir esos accidentes reducir o atajar en la medida de lo posible la siniestralidad laboral”.
En relación al último informe publicado, que recoge los datos registrados entre enero y julio de 2024, la consejera de Industria, Comercio y Empleo destaca que “prácticamente el 80 por ciento de los accidentes mortales se deben a causas no directamente relacionadas con las condiciones del puesto de trabajo, sino a enfermedades y patologías previas o a accidentes de tráfico”.
Este hecho “marca la necesidad de incidir en acciones puntuales para, en la medida de los posible, prevenir los accidentes de tráfico el trabajador se desplaza al trabajo”, así como de desarrollar “planes integrales de promoción y protección de la salud dentro del trabajo”. Para ello, García aboga por “la implicación de todos los agentes que pueden participar en el ámbito de la protección y prevención de riesgos laborales y también del Diálogo Social”, ya que “los accidentes de trabajo producen un grandísimo coste humano y también a las empresas y a la sociedad en general”.
