Las comisarias provinciales del Cuerpo Nacional de Policía de Castilla y León registraron en las dos primeras jornadas 85 solicitudes de estancia temporal en España por parte de ucranianos que huyen de la guerra en su país. Por ello, mañana la Junta activa el protocolo para prestar servicios básicos. Además, este miércoles se constituyó la comisión territorial para organización la recepción de grandes flujos de refugiados en nodos de transporte.
La delegada del Gobierno en Castilla y León, Virginia Barcones, y el consejero de la Presidencia en funciones de la Junta, Ángel Ibáñez, se reunieron este miércoles con los representantes de las entidades locales de más de 20.000 habitantes, diputaciones provinciales y la Federación Regional de Municipios y Provincias para avanzar en la coordinación de la ayuda ante la crisis humanitaria de Ucrania y coordinar la colaboración ante la llegada de los refugiados.
Por su parte, el titular de la Presidencia indicó que el protocolo de servicios básicos incluye el acceso a la tarjeta sanitaria, así como a la asistencia de Atención Primaria, Hospitalaria, ortoprotésica y a la medicación. También se refirió a las camas que se ofrecen para ingresos de personas hospitalizadas en zonas de conflicto.
Igualmente, la Junta garantiza la escolarización de los menores y se está en contacto con las universidades para acoger a otros estudiantes para que puedan continuar con sus carreras. Además, se pone en marcha un mecanismo para la enseñanza de español para adultos, con el fin de ayudar a eliminar la barrera idiomática. En materia de servicios sociales, tanto la atención a menores como a personas con discapacidad y mayores dependientes será “prioritaria”, sin desestimar cualquier otra ayuda social. Por último, habrá una fase de integración que incluye servicios en materia de empleo, que incluye la orientación, formación, cualificación y asesoramiento a empresas.
Barcones destacó que llevan trabajando con el consejero desde los primeros minutos de esta “terrible” crisis humanitaria. “Es voluntad del pueblo de Castilla y León prestar la máxima solidaridad con el pueblo ucraniano”, dijo y señaló que la “obligación” de las administraciones es coordinar esa respuesta. La voluntad es colaborar y cooperar”, añadió. También, destacó que están trabajando para ser eficaces para lo que apuntó es necesaria la coordinación.
Canalizar ayuda
La delegada del Gobierno explicó que en 48 horas han registrado 85 solicitudes de permisos de estancia temporal, si bien recordó que la llegada de refugiados no solo se produce por la vía institucional, sino también a través de amigos o familiares. Por ello, ahora se está empezando -dijo- a regularizar este proceso, con el fin de que puedan solicitar el permiso y tender a su disposición las ayudas sociales del Gobierno, de las comunidades y las entidades locales.
Barcones explicó que todos los ucranianos con pasaporte biométrico tienen permitida la libre entrada en la Unión Europea y pueden permanecer tres meses. Por ello, remarcó que se trata de facilitar la información sobre el trámite que tienen que seguir para pedir la estancia temporal, que le permita tener el permiso para residir y poder trabajar, lo que recordó se otorga para un año, prorrogable en otro y, de forma excepcional, por un tercero.
“Tenemos que canalizar toda esa ayuda”, dijo ante la solidaridad de administraciones, particulares y empresas. También puso en valor el trabajo de Accem y Cruz Roja por ser las principales entidades que intervienen en la acogida de ucranianos. Además, explicó que se constituye la comisión territorial para la recepción en grandes nodos de comunicación de grandes flujos de refugiados, si bien apuntó que no es lo esperado. En ella participarán además de las administraciones, Aena, Renfe y los gestores de estaciones de autobuses para “tener todo preparado”, porque afirmó que la voluntad de todos es dar la “mejor respuesta” e intentar anticiparse en la medida de lo posible.
2.600 plazas
Ibáñez sostuvo que Castilla y León está demostrando una “magnífica capacidad de iniciativa” para hacer frente a estos desafíos, porque recordó que la Junta en cuanto se desató la crisis humanitaria el 24 de febrero ha activado varios mecanismos, primero, para ponerse a disposición del Gobierno y con el convenio de acción humanitaria, en colaboración con diez autonomías y la Agencia España de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), movilizando los primeros 400.000 euros. Además, modificó el decreto de prórroga presupuestaria para poder financiar el aumento de los gastos.
Además, destacó que la Junta activó de modo inmediato las medidas puestas a disposición de las personas desplazadas y añadió que una vez adquieran el estatutos de refugiados tendrán a su disposición más de 2.600 plazas residenciales. Todo, indicó, es fruto de la “gran ola” de solidaridad de Castilla y León. “Nos sentimos muy orgullosos”, dijo.
También indicó que el proceso de acogida, que recordó está “tasado”, cuenta con entidades del tercer sector para lograr una integración adecuada y citó a Accem y Cruz Roja, con las que están en coordinación. Por ello, pidió tener ciertos niveles de “tranquilidad” para poder “digerir” la “avalancha” de personas, para que lo hagan en mejores condiciones.
