La guerra de la Junta de Castilla y León por la financiación autonómica frente a las cesiones del Gobierno del PSOE a los partidos separatistas para seguir en Moncloa y lograr la Generalitat fueron una constante durante todo el ejercicio 2024, en el que tanto el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, como el consejero de Economía y Hacienda, cargaron una y otra vez contra la condonación de la deuda a Cataluña y un cupo catalán que rompa la igualdad y solidaridad en España.
La infrafinanciación de los servicios públicos del modelo caduco de 2009, llevó al Gobierno de la Junta a exigir con ahínco una reforma sobre la base del coste real de las prestaciones, donde se tenga en cuenta el envejecimiento y la dispersión poblacional, entre otras cuestiones. Las peticiones de abordar el debate en el marco multilateral dentro del Consejo de Política Fiscal y Financiera y la Conferencia de Presidentes autonómicos caracterizó el año, aunque su celebración no da los frutos deseados.
El 15 de julio, Carriedo salió muy descontento del CPFF porque el Gobierno no explicó claramente a las comunidades “cuál es su posición” con respecto a la financiación autonómica; y el 13 de diciembre, Mañueco salió aún más crítico de la Conferencia de Presidentes de Santander, con una "profunda decepción" y “con las manos vacías” porque solo se habló de la condonación de deuda.
El Ejecutivo regional obtuvo el 10 de abril de nuevo el aval de las Cortes, que aprobaron por unanimidad una proposición no de ley para volver a pedir al Gobierno la reforma del sistema de financiación autonómico que se produzca sin que, “en ningún caso, y bajo ninguna circunstancia, se acepte una financiación singular para ninguna comunidad”, ni tampoco negociaciones bilaterales entre Ejecutivo nacional y comunidades por separado para la propia financiación o la condonación de la deuda.
Además, el 11 de septiembre, las Cortes de Castilla y León otorgaron un aval mayoritario a las acciones del presidente de la Junta frente al pacto “de la vergüenza” de PSC y ERC en materia fiscal y de financiación singular para Cataluña, con la abstención del PSOE, y el apoyo del resto de la cámara.
Los encuentros con otras autonomías que coinciden sobre el modelo también estuvieron presentes en 2024, y el 12 de noviembre, Castilla y León y Galicia reclamó en el Foro Ancares ‘Los retos del Noroeste’, que las negociaciones sobre el modelo de financiación de España sean “multilaterales”, en boca de sus presidentes, Alfonso Fernández Mañueco y Alfonso Rueda.
Cabe destacar que el 41 Congreso del PSOE apostó por una “España polifónica” que desarrolle un nuevo modelo de financiación autonómica que todas las comunidades aprueben de manera “multilateral” pero “sin perjuicio de la relación bilateral del Estado con cada” autonomía en función de sus estatutos. Un encaje de bolillos para contentar a los socialistas de autonomías como Castilla y León, que rechazan una financiación singular para Cataluña.
La reforma de la financiación local también fue un clamor entre los municipios y diputaciones y la Junta también la reclamó durante la Conferencia de Presidentes. El 26 de junio, la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, recibió a sus homólogos de Zaragoza, Natalia Chueca, Málaga, Francisco de la Torre, y Valladolid, Jesús Julio Carnero.
Los cuatro coinciden en la necesidad de reivindicar al Gobierno una reforma del sistema de financiación local y el abono de la liquidación del 2022 y la actualización de las entregas a cuenta: “Necesitamos que el Gobierno pague lo que nos debe. Somos la primera línea de contacto con el ciudadano y necesitamos una financiación justa”, apuntaron. La presidenta de la Federación Regional de Municipios y Provincias (FRMP), la presidenta de la Diputación de Palencia, Ángeles Armisén, no perdió la oportunidad de reclamar esa reforma en numerosos actos durante todo el ejercicio.
Ruptura con Vox, sin presupuestos
En materia presupuestaria, el año estuvo marcado por la ruptura del gobierno de coalición PP-Vox, el 11 de julio, tras el anuncio de Santiago Abascal motivado por el acogimiento de menas. Antes del divorcio, el 30 de abril, el Pleno de las Cortes dio luz verde a las segundas cuentas PP-Vox, que llegan a estas alturas del año porque Carlos Fernández Carriedo los va posponiendo aludiendo falta de información ante la ausencia de unas cuentas nacionales, para ajustarse lo más posible a la realidad de los ingresos. Se trata de los presupuestos más altos de la historia de la Comunidad con 14.562 millones de euros, un 5,45 por ciento más que en el ejercicio anterior. La ausencia de presupuestos del Gobierno provocó también una infrafinanciacion durante meses, hasta que se abonaron las cuantías debidas, de las entregas a cuentas anunciadas en el CPFF.
Tras el cisma con Vox, el PP inició una etapa en solitario sin mayoría parlamentaria, pero siempre anunció su voluntad de presentar las cuentas para 2025 a tiempo. El 15 de octubre, la Junta aprobó en Consejo de Gobierno extraordinario el techo de gasto, y presentó un anteproyecto de prepuestos, con más de 15.000 millones, nueva cifra récord.
El Ejecutivo llevó a las Cortes el techo de gasto y el 6 de noviembre, el pleno lo aprobó con el voto a favor del Grupo Popular, en contra de Vox, UPL-Soria Ya y Podemos y la abstención del Grupo Socialista, Francisco Igea y de Por Ávila. Carriedo apeló a una gran pacto para presentar las cuentas y el PSOE exigió su registro inmediato en la Cámara. El 20 de noviembre, el pleno aprueba una PNL para instar a la Junta a presentar el presupuesto, a la que también se suma el PP.
El consejero de Economía y Hacienda impulsó una ronda de contactos para alcanzar ese acuerdo con los grupos que no llegó a buen puerto y el Ejecutivo no llevó a Consejo de Gobierno el texto presupuestario, como paso previo para su registro y debate en el Parlamento autonómico. Carriedo garantizó la prestación de servicios públicos de calidad con una prórroga presupuestaria, la cuarta junto a la de 2019, 2020 y 2022.
Ayudas al funcionamiento
La extensión de las ayudas al funcionamiento de las que disfruta Soria, se mantuvo como objetivo del Ejecutivo regional, que siguió en su lucha para lograrlo. La Junta afirmó que la vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, tenía desde principios de año en su mesa, la petición del Gobierno regional, para que presione a Bruselas, para que adopte esa decisión.
En este sentido, la Junta disponía de un informe sobre el procedimiento a seguir y un estudio socioeconómico elaborado por el Consejo de Economistas de Valladolid, Palencia y Zamora, que señalaba que existen territorios de la Comunidad susceptibles de cumplir los criterios para ser beneficiarios de las ayudas al funcionamiento sin distorsionar la competencia.
Cabe destacar además, que el 11 de abril, Mañueco propuso a la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera, que Zamora y “otras zonas afectadas” por la despoblación se beneficien de una fiscalidad diferenciada.
Nuevo órgano
Por otra parte, cabe destacar en materia de Hacienda, que el 20 de junio, el letrado Luis Francisco Gracia Romero tomó posesión ante la Mesa de las Cortes de Castilla y León, en Valladolid, como titular de la Autoridad Independiente en materia de corrupción de Castilla y León. Fue nombrado a propuesta del presidente del Consejo de Cuentas, Mario Amilivia, y del Pleno de este órgano autonómico de control externo, que acordó el 11 de junio su designación, que publica hoy el Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl).
La Autoridad, adscrita al Consejo de Cuentas, institución con sede en Palencia, se creó en el ámbito de la Ley de medidas tributarias, financieras y administrativas, que acompaña a los Presupuestos Generales de la Comunidad para 2024, y que entró en vigor el 15 de mayo.
