La Junta de Castilla y León ha instado formalmente al Gobierno de España para que declare la Comunidad como zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil para el territorio autonómico.
Esta solicitud surge tras haber sufrido varios episodios meteorológicos calificados como extremos que han azotado a la región, con especial énfasis en los días comprendidos entre el 13 y el 19 de febrero de 2026.
Fue durante estas fechas cuando el paso de las borrascas Oriana y Pedro sacudieron la Comunidad en forma de intensas precipitaciones, tanto de nieve como de lluvia, así como fuertes rachas de viento.
La gravedad de la situación, explican, reside en que estos fenómenos meteorológicos incidieron sobre un terreno ya saturado por temporales previos, por lo que la acumulación hídrica terminó desencadenando en inundaciones generalizadas y daños significativos en bienes, así como en infraestructuras y servicios esenciales de numerosos municipios.
Ante este escenario, la administración autonómica ha mantenido activas las distintas situaciones operativas del Plan de Protección Civil ante el Riesgo de Inundaciones (INUNCYL) con el fin de coordinar la respuesta de emergencia y proteger a la población.
Desde el punto de vista jurídico, la petición se sustenta en la Ley del Sistema Nacional de Protección Civil, que contempla este tipo de medidas extraordinarias cuando un evento catastrófico modifica o altera sustancialmente el funcionamiento normal de una comunidad.
A través de este acuerdo adoptado por la Junta de Castilla y León, se busca que el Consejo de Ministros apruebe un paquete de ayudas y medidas excepcionales.
