Castilla y León, Andalucía, Galicia, Madrid y Murcia hacen un frente común para solicitar al Gobierno central que modifique la normativa del Bono Joven para dar seguridad a los jóvenes que quieran acceder a esta ayuda, así como a las comunidades autónomas. Así lo expusieron hoy los representantes autonómicos –entre ellos el consejero de Castilla y León, Suárez-Quiñones- durante la reunión de la Conferencia Sectorial de Vivienda y Suelo convocada por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.
Los responsables de vivienda de estas comunidades requirieron al Ministerio que concrete la definición de esta medida para “evitar su maraña burocrática” en aspectos como las rentas de alquiler, las rentas máximas de los solicitantes y los documentos que acrediten la residencia en la vivienda o habitación.
Las consejeras y consejeros autonómicos consideraron improvisada y enrevesada la puesta en marcha del Bono Joven por parte del Gobierno central y lamentaron que no haya contado con la opinión de las comunidades autónomas, ni tampoco con el Consejo de Juventud, antes de aprobar esta medida. “Salió adelante con relaciones mínimas e imposiciones máximas”, dijeron.
Avanzaron que, tal y como está diseñado, va a ser demasiado complejo y advirtieron que los fondos estatales llegarán tarde y serán difíciles de gestionar por las administraciones autonómicas debido al galimatías administrativo que se traslada a las comunidades y, lo que es peor, a los ciudadanos.
Los representantes de estas cinco autonomías también solicitaron al Gobierno central el desarrollo de una herramienta informática de gestión que permita a todas las administraciones autonómicas el traspaso de datos en caso de movimientos a otras autonomías por parte de los solicitantes. Además, entendieron que la posibilidad de pagar mensualmente o periódicamente va a hacer inasumible la gestión de estas ayudas.
El Ministerio no ha cesado en crear falsas expectativas: anunció esta medida a comienzos de octubre de 2021, la aprobó en enero en el Consejo de Ministros y los fondos, cinco meses después del primer anuncio, aún no fueron transferidos, incidieron las comunidades, recordando que apenas llegará a poco más del 1 % de sus posibles beneficiarios.
Plan de vivienda “ideológico”
Los representantes autonómicos reprocharon la falta de asunción por el Gobierno de las sugerencias planteadas por las autonomías durante la elaboración del nuevo Plan de Vivienda 2022-2025, que calificaron de ideológico y que únicamente satisface a sus socios de coalición, empeñados en reeditar un modelo intervencionista que no ha funcionado en ninguna parte donde se ha aplicado. Es una hoja de ruta igual de intervencionista que el proyecto de Ley de vivienda, en la que tampoco existió diálogo alguno.
A pesar de ser cofinanciado, el Plan impone que un 20 % de la financiación esté destinada a programas específicos que en su mayoría ya existen en las comunidades autónomas, como puede ser el de la Sareb, concluyeron.
También manifestaron que la regulación aprobada invade competencias autonómicas porque de facto “hace” política de vivienda al exigir la implantación de algunos programas sin respetar las previsiones de la legislación autonómica. Es una imposición que choca con las legislaciones autonómicas en muchos casos, que ya contienen previsiones para atender las necesidades de colectivos vulnerables.
