El consejero de Empleo, Carlos Fernández Carriedo, ha presidido el Pleno del Consejo de Economía Social, celebrado en el Centro de Soluciones Empresariales de la Junta en Arroyo de la Encomienda, Valladolid, en el que se ha realizado un análisis detallado con los representantes del sector de la economía social de la Comunidad de las medidas puestas en marcha durante 2017 y las previstas para el presente ejercicio.
Además se ha informado a los miembros del Consejo sobre los detalles de la última fase de tramitación parlamentaria de la Ley de Cooperativas. El consejo ha realizado un análisis de la Estrategia Española de Economía Social 2017-2020, que se ha publicado recientemente, y se ha informado de la entrada en vigor de la nueva Ley de Contratos del Sector Público que modifica las condiciones de contratación por parte de las administraciones públicas con las entidades de interés social para la prestación de servicios y adquisición de bienes.
Objetivo de legislatura: 5.000 trabajadores con discapacidad
Junto a esto, ha trasladado a los representantes de las entidades de la Economía Social que se ha superado el objetivo establecido por el presidente de la Junta de Castilla y León de alcanzar en esta legislatura los 5.000 trabajadores con discapacidad empleados en la Comunidad. En concreto se han alcanzado, a 31 de diciembre de 2017, los 5.462 empleados con discapacidad en los CEE, que se incrementan también por primera vez hasta llegar a los 215 Centros Especiales empleo registrados en Castilla y León.
Desde el traspaso de las competencias de los CEE por parte del Gobierno central, en 1995, “se ha realizado un importante esfuerzo de apoyo desde la Junta de Castilla y León para permitir que las personas con discapacidad accedan al empleo”, han señalado. De esta forma “se ha dignificado la vida de estos trabajadores y han obtenido un alto nivel de autonomía económica y personal”. En 1995 existían en Castilla y León 47 centros que empleaban a 770 personas. En la actualidad hay en la Comunidad 215 Centros Especiales de Empleo, casi cinco veces más entidades que han septuplicado el número de trabajadores con discapacidad hasta alcanzar 5.462 empleados a 31 de diciembre de 2017.
Durante la reunión se ha informado de que en 2017 se ha adelantado el cumplimento del compromiso adquirido, también para el final de legislatura, de alcanzar la financiación de 75 % del SMI. Además hay que recordar que la Junta de Castilla y León ha asumido en este esfuerzo presupuestario el incremento del 8 % del SMI establecido por el Estado el año pasado.
Se adjunta anexo con la evolución de los Centros Especiales de Empleo
Más recursos en 2018 para la Economía Social
Por otra parte, la inversión de la Consejería de Empleo en 2018 se incrementa un 4,2 %, hasta los 25.013.001 euros para seguir impulsando la integración de personas con discapacidad, tanto en CEE como en empresa ordinaria y empresas de inserción; así como el crecimiento de las cooperativas y las sociedades laborales. La Consejería ha anticipado la convocatoria de la mayor parte de las líneas de ayuda para 2018 en el pasado mes de diciembre, con el objetivo de facilitar e incrementar los plazos para la presentación de solicitudes.
Última fase de tramitación de la Ley de Cooperativas
Durante la reunión de trabajo se ha informado a los representantes del Consejo de la Economía Social del estado de tramitación de la modificación de la Ley 4/2002 de 11 de abril, de Cooperativas de la Comunidad de Castilla y León. Desde el último consejo celebrado el pasado mes de junio se han realizado los trámites correspondientes al Informe de la Dirección General de Presupuestos y Estadísticas; se ha obtenido el Informe del Consejo Económico y Social de Castilla y León; el Informe de la Dirección de los Servicios Jurídicos de la Junta; y el Dictamen del Consejo Consultivo de Castilla y León.
Por otro lado se ha realizado la comunicación previa a su aprobación en Comisión Delegada de Asuntos Económicos; se informó de la presentación de la ley en Comisión de Secretarios, previa a la aprobación del proyecto de ley por parte del Consejo de Gobierno; y finalmente la remisión como Proyecto de Ley a las Cortes de Castilla y León para tramitación parlamentaria en la que se ha finalizado el plazo de presentación de enmiendas para su futuro debate en el Pleno.
Estrategia Española de Economía Social 2017-2020
El consejero de Empleo ha informado también a los miembros del consejo de la aprobación, el pasado mes por el gobierno de España, de la Estrategia Española de Economía Social 2017-2020. Se trata de la primera Estrategia Nacional de Economía Social, cuyo objetivo es consolidar y promocionar el modelo empresarial de la economía social para que este sector lidere la innovación frente a los cambios emergentes. El desarrollo de la Estrategia ha sido coordinado por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social incorporando propuestas de todos los ministerios, comunidades autónomas, entidades locales, organizaciones empresariales y sindicales, así como las de entidades representativas del sector.
La Estrategia pretende abordar con profundidad los cambios emergentes, el reto de la globalización, la era digital, el envejecimiento poblacional y la inclusión social. Asimismo se da un nuevo impulso a un sector que, según las asociaciones más representativas, representa un 12,5 % del empleo y un 10 % del PIB, y que ha demostrado ser pionero en la recuperación y el crecimiento económico sostenible basándose en los principios de igualdad, solidaridad, compromiso con el desarrollo local y respeto al medioambiente.
Dicha iniciativa pondrá en marcha un total de 65 medidas enmarcadas en dos grandes ejes: el primero se centrará en la creación de un empleo inclusivo, de calidad y estable, y en facilitar la creación de cooperativas y sociedades laborales. El segundo eje se centrará en incrementar una mayor visibilidad a las entidades de la Economía Social a través de la creación de un catálogo nacional de estas entidades y un sello distintivo; asimismo apoya la internacionalización y su innovación.
Existen en Europa dos millones de empresas de Economía Social, que aportan el 8 % del PIB de la Unión Europea y emplean a más de 14,5 millones de trabajadores, cerca del 6,5 % del total de empleados en la UE.
Nueva Ley de Contratos del Sector Público
Por último, se ha informado durante la reunión de trabajo sobre la incidencia de la nueva ley de Contratos del Sector Público en las empresas de la Economía Social. La Ley tiene una doble función: la trasposición de las directivas europeas en materia de contratación pública y sobre la adjudicación de contratos de concesión; y la regulación de un nuevo modelo de contratación pública responsable en la que se establece la obligatoriedad de incorporar criterios sociales, medioambientales y de innovación en todas las fases de los contratos.
De la misma manera, se establece la reserva del derecho a participar en los procedimientos de adjudicación a Centros de Economía Social y a empresas de inserción, además de la evaluación de criterios sociales, medioambientales y de innovación, entre otros aspectos. En definitiva, se crea un sistema de contratación pública más avanzado, más social, medioambiental e innovador y más cercano a la responsabilidad social
