José Ignacio Delgado, procurador de Ciudadanos en las Cortes de Castilla y León, ha reclamado, a través de una proposición, hacer una revisión y evaluación de la normativa aplicable a las distintas formas de protección de los menores y asegurar así la intervención del órgano judicial competente conjuntamente con el Ministerio Fiscal desde el comienzo de la tramitación de los expedientes de esta naturaleza.
“En los últimos años, alrededor de 1.500 menores fueron separados de sus padres para ser tutelados en centros de menores en Castilla y León” ha señalado Delgado, quien explica que estas retiradas de tutela se producen tras el criterio de desamparo. “Sin embargo, la revocación del desamparo únicamente se hace por vía judicial lo que dificulta que personas con menos recursos puedan disentir de la decisión adoptada por los equipos técnicos” ha apuntado.
El procurador de Cs ha señalado que las medidas de protección de menores se articulan en un procedimiento “en el que la falta inicial de intervención judicial puede tener graves consecuencias en la medida en que introduce de facto una situación que afecta al núcleo familiar y al interés superior del menor” y, en este sentido, una vez producida la declaración de desamparo por la entidad pública, sin que haya mediado un procedimiento judicial al efecto “los niños o jóvenes pasan a ingresar en muchos casos en centros de menores”. “La realidad es que existen dudas de que estos centros garanticen plenamente los derechos del niño” ha apostillado.
“Si estos derechos no son respetados, el menor debería poder interponer una queja, que suelen quedar en papel mojado y, por tanto, el menor puede ver coartada su capacidad para defenderse” ha matizado Delgado, quien por ello también ha solicitado en su propuesta de resolución la elaboración de un plan de Inspección, de ámbito autonómico, respecto del ejercicio efectivo de los derechos de la infancia y adolescencia en los centros de menores.
