El año 2024 traerá nueva legislación en varias materias de responsabilidad de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, así como otros cambios normativos y estratégicos. Se conocerán cinco proyectos de Ley sobre Policías Locales, Bomberos, Cambio Climático, Demografía y Vivienda, así como Estrategia de Sostenibilidad Demográfica y Territorial de Castilla y León, que en principio podría ver la luz en la primera mitad del año.
En este sentido, se dará forma al anteproyecto de Ley sobre Dinamización Demográfica y Desarrollo Rural, en el que se trabaja conjuntamente con las consejerías de Economía y Hacienda y de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, y también se aprobará la Estrategia de Sostenibilidad Demográfica y Territorial, tras la última reunión en diciembre del Consejo de Dinamización Demográfica y una vez que se produzcan sus aportaciones.
También, en los primeros meses del año, se conocerá un borrador inicial del anteproyecto de la reclamada Ley de Cambio Climático y Transición Energética, que urgió recientemente una resolución del Consejo de Cuentas. Y asimismo la nueva Ley de Coordinación de Policías Locales de Castilla y León, la nueva Ley de Ordenación y Coordinación de los Servicios de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento de Castilla y León y una modificación a la actual Ley de Vivienda tendrán a este año 2024 como protagonista.
Así lo señaló el consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, quien, en declaraciones a Ical, se refirió en primer lugar a la Estrategia de Sostenibilidad Demográfica y Territorial, un documento que, en primer lugar, hará una evaluación de “qué políticas tienen frutos y cuáles no en la lucha contra la despoblación”. Y a partir de ahí, se concretará en una “hoja de ruta” para “organizar, planificar, orientar y coordinar la actuación de las distintas administraciones públicas”, y también de las entidades privadas.
Pero advirtió: “Lo digo con mucha claridad. Si alguien piensa que el problema demográfico lo puede arreglar un documento, está equivocado. La población se asienta y se recupera con un conjunto de acciones transversales, y fundamentalmente a través de acción inversora”, comentó el consejero, quien destacó que esas medidas inversoras “ya se están tomando y son horizontales, pues lo hacen todas las consejerías”, algo que se “pone de manifiesto de forma específica” en un anexo de los presupuestos de la Comunidad en el que figuran todos los programas y actuaciones que se dirigen directamente a la lucha contra la despoblación, que en el último presupuesto sumaban más 1.700 millones de euros.
En esa transversalidad, manifestó, se pueden reseñar ejemplos como la promoción de la vivienda, especialmente en el medio rural, y de forma específica para los jóvenes, o la fiscalidad diferenciada, más favorable, para el medio rural y para asentar a los jóvenes, las ayudas a la natalidad, la promoción del relevo generacional y la incorporación de la mujer en el campo, la promoción de medidas para el retorno de castellanos y leoneses que viven fuera de la Comunidad o de España, la promoción de la biomasa, que “genera empleo estable en el monte”, que haya escuelas públicas de la “mejor educación”, según la califica el informe PISA, con tres niños en el medio rural, con una sanidad con 3.600 consultorios, servicios sociales que “se extienden al último pueblo de la Comunidad” o la política de ampliación de polígonos industriales con energía renovable asequible para el asentamiento de empresas. “Estos son ejemplos de lucha contra la despoblación, entre otros muchos”, defendió.
Suárez-Quiñones subrayó que, por tanto, la elaboración de esta Estrategia no quiere decir que la lucha contra la despoblación vaya a comenzar a partir de este documento. “Estamos trabajando sin pausa y con denuedo por el reto demográfico como un deber inexcusable que el Presidente nos ha impuesto a todo el gobierno, desde siempre”. Lo lamentable es que el gobierno de España no se sume a esta batalla, pues “no se lucha contra la despoblación” prohibiendo la gestión del lobo acabando con la ganadería extensiva, pretendiendo cerrar la estación de esquí de Navacerrada, demonizando los productos cárnicos y de nuestro campo o cerrando paradas de autobuses de líneas estatales en los pueblos. Son algunos de los ejemplos del amplio debe que tiene el gobierno de España”.
También se refirió al blindaje por ley de los servicios públicos básicos que se va a producir en este año 2024, comprometido por el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, que es una “garantía legal de su calidad y prestación en régimen de igualdad en el medio rural al margen de quién gobierne la Junta”.
El consejero recordó los datos “favorables y positivos” definitivos del padrón, a 1 de enero de 2023 publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE) en los que Castilla y León crece en población en 7.510 ciudadanos, datos que se mantienen según la Estadística Continua de Población del mismo organismo a 1 de octubre de 2023, que invitan a la esperanza y a trabajar con el mayor de los esfuerzos por el objetivo del crecimiento de población en la Comunidad.
Por otro lado, el consejero se refirió a otro avance normativo de su departamento, como es la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, en cuyo borrador la Consejería “trabaja desde hace ya tiempo”. “No hemos parado de hacerlo, pero es un anteproyecto complejo”, incidió Suárez-Quiñones, quien pretende que tenga una adaptación a la Comunidad de la ley estatal para que “se adecúe a las necesidades de Castilla y León” y sea una “palanca de beneficios para las familias y las empresas de nuestra tierra a la par que un compromiso medioambiental”.
“Queremos que sirva para promover las energías renovables en favor de las familias y de sus ahorros, también de la industria, de la descarbonización de nuestra sociedad y del aumento de la competitividad de Castilla y León. En definitiva, adaptar la normativa nacional a nuestras necesidades, con prudencia, con instrumentos útiles y que sirva para la economía y la calidad de vida de nuestra Comunidad”, resumió.
En este sentido, el borrador de anteproyecto se encuentra ahora de forma interna en las direcciones generales de las distintas consejerías más afectadas, para que hagan sus aportaciones, en una ley que también tiene un carácter muy transversal. El reto es contar con un texto definitivo, “un borrador inicial”, en el primer trimestre de 2024 y, a partir de ahí, iniciar los trámites correspondientes de información pública y a otros administrativos paralelos, aprobar el proyecto de ley y presentarlo a las Cortes este mismo año.
Actualizar la normativa de las policías locales de Castilla y León para “potenciar la promoción interna, la movilidad, la carrera profesional y la formación” de quienes integran estos cuerpos es el objetivo del Proyecto de Ley de coordinación de Policías Locales en Castilla y León en que la Consejería trabaja para ser aprobado este año.
Por su parte, el Proyecto de Ley de Ordenación y Coordinación de los Servicios de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento de Castilla y León tiene por objeto ordenar estos servicios de las entidades locales de Castilla y León y establecer los criterios básicos para la coordinación de la actuación de los mismos y las singularidades del régimen estatutario de su personal.
Por último, el borrador del anteproyecto de modificación de la Ley de Vivienda, en la que trabaja la Consejería con este horizonte 2024, pretende contribuir a lograr el “efectivo derecho de los castellanos y leoneses al acceso a una vivienda digna y adecuada, con políticas activas, con un acceso a la vivienda en compra o en alquiler que no impida su desarrollo social, económico o familiar de las personas estableciéndose las bases para lograr que las familias castellanas y leonesas no dediquen más de una tercera parte de sus ingresos en el acceso a una vivienda protegida”. La defensa del medio rural, el protagonismo de los municipios, la consideración no aislada de la vivienda, sino unida al urbanismo, y la ordenación del territorio, son otros de los aspectos de este importante texto legislativo.
Un proyecto de ley, señaló el consejero, que contrasta con la Ley Estatal de Vivienda aprobada a propuesta del Gobierno de España, que “se caracteriza por un intervencionismo extremista que menoscaba la propiedad privada, desincentiva la iniciativa privada y el alquiler de viviendas, favorece la ocupación ilegal de las viviendas y tiene otros efectos negativos”. “Una ley que produce inseguridad jurídica y que sube impuestos. Y una Ley idelologizada que se ha dictado sin consultar con las Autonomías, que son las competentes en materia de vivienda”, concluyó.
