El Comisionado de Transparencia de Castilla y León registró un total de 546 reclamaciones en 2024, lo que supone un aumento de 29 respecto al año anterior y la cifra más alta en sus nueve años de historia. La institución ha presentado la memoria de su actividad en las Cortes regionales, la cual se debatirá en la Comisión de Relaciones con el Procurador del Común en el mes de septiembre.
Del total de reclamaciones, la mayoría, 350, se originaron en peticiones de información a entidades locales, siendo los ayuntamientos el principal foco con 289 casos. La Administración General autonómica acumuló 154 reclamaciones, mientras que los entes del sector público autonómico registraron 28. Un dato significativo es que 128 de las reclamaciones a entidades locales fueron presentadas por concejales y vocales de juntas vecinales.
El informe destaca que el 72% de las reclamaciones se debe a la ausencia de respuesta por parte de las administraciones, lo que indica que siete de cada diez casos son resultado de una falta de comunicación previa. Entre las denegaciones expresas, los motivos más comunes fueron la falta de disposición de la información, el carácter repetitivo de la solicitud y la protección de datos personales. Las materias que más reclamaciones generaron fueron el empleo público, la protección del medio ambiente, la contratación, la gestión de recursos públicos y la sanidad.
En cuanto a su gestión, el Comisionado resolvió 498 expedientes, la cifra más alta desde su creación. De estas, 234 fueron estimatorias, 154 vieron desaparecer el objeto de la reclamación al haberse proporcionado la información solicitada y 13 fueron archivadas por desistimiento del reclamante. La memoria también subraya el creciente uso de las tecnologías por parte de los ciudadanos, con más del 70% de las reclamaciones presentadas a través de la sede electrónica.
