La Audiencia Provincial de Huesca ha ratificado la condena ya impuesta al magnate minero leonés Victorino Alonso (propietario de la minera Uminsa y de la antigua Coto Minero Cantábrico) al considerarle corresponsable de la destrucción de la cueva neolítica de Chaves en el año 2007, considerado hasta entonces uno de los dos más importantes de la península ibérica.
Según ha adelantado El País la Audiencia ha rebajadado a dos años de cárcel la pena impuesta debido a las dilaciones del proceso, que ha durado más de siete años desde que fue denunciado por las organizaciones Ecologistas en Acción y Apudepu. Lo que sí mantiene es la millonaria multa por destruir el patrimonio, que asciende a 25,5 millones de euros.
Alonso fue juzgado en septiembre de 2016 por unos hechos descubiertos a principios de 2009, cuando personal de Museo Arqueológico Provincial de Huesca visitaron el yacimiento neolítico, donde desde hacía 30 años se llevaban a cabo excavaciones de forma intermitente, y descubren que ha sido destruído. La cueva se ubica en una finca cinegética administrada por una empresa vinculada a Victorino Alonso, en el Parque Natural de la Sierra y Cañones de Guara, y las obras de vallado de la finca serían las responsables de la destrucción de los restos.
En la sentencia el juez consideraba acreditado que la empresa que gestiona el coto, Fimbas S.A., conocía la existencia del yacimiento arqueológico y de su importancia y que el propio Victorino Alonso sabía de "primera mano" que debía solicitar permisos para actuar en él. Unos hechos que ratifica ahora la Audiencia de Huesca. En la misma se consideraba probado, gracias a varios testimonio del juicio, que Victorino Alonso era quien daba las órdenes reales en Fimbas, incluída la de la destrucción del yacimiento arqueológico. La empresa vinculada a Alonso fue también condenada a pagar la multa por su corresponsabilidad en el atentado patrimonial.
La sentencia de la Audiencia Provincial ya no es recurrible pero en declaraciones a El País el abogado de Victorino Alonso, César Garnelo, asegura que "mi cliente es jubilado y pensionista y ya fue declarado insolvente hace años", en referencia a la sentencia condenatoria por el divorcio de su primera mujer en la que alegó insolvencia para no pagar una pensión compensatoria y las de sus hijos.
Además de esta millonaria multa por cargarse el patrimonio prehistórico las empreas vinculadas a Victorino Alonso deben pagar todavía la condena por la desaparición de medio millón de toneladas de carbón de la pública Hunosa del Almacenamiento Estratégico Temporal de Carbón entre agosto de 2009 y mayo de 2010. Uminsa fue condenada a pagar 36,4 millones de euros y Coto Minero Cantábrico, en liquidación, fue condenada por el mismo concepto a abonar 18,6 millones de euros.
