La Diputación de León, por boca de su abogado habitual Alejandro García Moratilla, ha admitido este miércoles en los Juzgados de León que los pagos de 105.000 euros realizados a la trama 'Púnica', que supusieron la detención de su presidente Marcos Martínez Barazón en octubre de 2014, eran manifiestamente irregulares al no haber un contrato que los avalara. Se trata del reconocimiento de unos hechos que deja en una complicada situación a los tres implicados en la parte leonesa de la 'Púnica: el propio Barazón además de Jesús 'Suso' López (viceinterventor de la Diputación) y del excoordinador de Presidencia con Isabel Carrasco, Pedro Vicente Sánchez.
El argumento de que lo sucedido en la operación 'Púnica' en León era ilegal llegó además en el día en que tuvo lugar la salida de prisión uno de sus principales cabecillas, el político madrileño Francisco Granados, y en el contexto de un juicio por el que una de las empresas de la trama pleitaba contra la Diputación de León por el impago de dos facturas (agosto y octubre de 2014), pendientes tras el estallido de la megaoperación anticorrupción.
Madiva Editorial era la empresa que utilizaba el también imputado Alejandro de Pedro para cobrar por mejorar la imagen de la presidenta Isabel Carrasco desde mediados de 2012, y luego de Marcos Martínez al fallecimiento de ésta y hasta su detención a finales de octubre de 2014. Tal y como publicó en exclusiva este periódico, Madiva contaba con una red de periódicos 'zombies' con escasa audiencia a la que la Diputación pagaba mensualmente para promocionar los actos e imagen de Carrasco y Martínez. En total Madiva cobró más de 105.000 euros de la Diputación de León, unos pagos desvelados por ileon.com pese a negarlo inicialmente la institución provincial, que tuvo que admitirlo luego ante la Audiencia Nacional
El propio Alejandro de Pedro -coprotagonista de la mítica frase del sumario de la 'Púnica' "¿Dónde cenas con Marcos? Ponle un mensaje a la 'Tetas' que vaya con una amiga por si hiciera falta"- ha estado presente este jueves en los juzgados de León en la reclamación contra la Diputación junto a su equipo legal. De Pedro no ha querido valorar el resultado de la vista a preguntas de este periódico. Por similares actuaciones a las de León se han visto implicados en otras piezas separadas la exconsejera de los Gobiernos de Esperanza Aguirre, Lucía Figar, y el expresidente de la Región de Murcia, Pedro AntonioSánchez. El fondo, el uso de dinero público para la promoción de la imagen del político de turno.
Juicio por 7.200 euros
El juicio en el que la Diputación ha reconocido que los pagos a la trama 'Púnica' carecían de base legal era por la reclamación de Madiva por el impago de dos facturas que suman algo más de 7.200 euros por los presuntos servicios prestados por la empresa a la Diputación en agosto y octubre de 2014. En concreto las facturas son de publicidad de la institución en los periódicos zombies -'valladolidnoticias' y 'salamancatodonoticias'- y fueron giradas en noviembre de 2014, cuando ya estaban en prisión tanto Alejandro de Pedro como el expresidente de la Diputación Marcos Martínez Barazón.
El abogado de la Diputación, el letrado García Moratilla, ha basado su rechazo a esta reclamación económica por un lado en que el asunto se encuentra 'sub iúdice' en la Audiencia Nacional, por lo que no cabría determinar el pago hasta que se resuelva de una forma u otra la parte leonesa de 'Púnica'. Por otra parte ha reconocido en su argumentación para rechazar su abono que estos pagos regulares a Madiva, que se realizaron mensualmente desde mediados de 2012, no tenían un contrato de soporte, un aspecto ya cuestionado por el juez Eloy Velasco en la investigación en la Audiencia Nacional. Moratilla alegó que Madiva no ha podido justificar "la contratación" que vincularía el pago de estas facturas. "¿Dónde?, ¿en qué documento?, sólo aparecen facturas" inquirió el letrado a la representación de Madiva sobre la base para cobrarlas. Moratilla admitió que si hubieran sido facturas aisladas podría haberse llevado por contrato menor pero al mostrar los pagos mensuales "este contrato tendría que existir desde 2012 y por tanto tendría que existir una justificación", explicando que no existe en el expediente de Diputación. Un aspecto de defensa que admite, por tanto, que todos los pagos a Madiva se hicieron sin soporte legal, un hecho que llevó al juez Velasco a preguntar al interventor entonces de la Diputación "¿Cómo tragó con esas facturas?".
Recordó el abogado Moratilla en su elagato que todos los que firmaron y autorizaron los pagos a Madiva se encuentran actualmente imputados en la operación Púnica, por lo que la resolución de ésta tendrá influencia en la ilegalidad o licitud de las facturas. El abogado aseguró que "las facturas son todas ficticias" porque su importe es igual desde 2012 y no llegan a detallar los banners de publicidad y colocación, poniendo en duda los soportes documentales aportados por la parte legal de Madiva, que según él fueron capturas de noviembre cuando las facturas eran supuestamente de agosto y octubre.
La defensa de la Diputación ha reconocido en sede judicial, de forma un tanto insólita, que las facturas reclamadas "no se pagan porque nadie quiere ir a la cárcel" ya que "nadie se atreve a autorizar el pago" tras las detenciones, tachándolas además de "todas ficticias" al desestimar la prueba de Madiva sobre los presuntos trabajos realizados.
Por su parte la letrada de Madiva argumentó que las facturas eran reales y que los presuntos servicios prestados también pese a que el juez denegó un testimonio de quien supuestamente subía a los periódicos de la red 'zombie' los banners de la Diputación de León. El juez también negó un informe pericial sobre los periódicos digitales y su impacto al no haberse aportado en la presentación de la demanda, cuando consideraba que era el momento procesal oportuno. Otro de los documentos aportados por la empresa 'Púnica' es una sentencia previa de Madrid, que ganó Madiva, por una cuestión similar de facturas adeudadas por una administración.
"Esto es una trama corrupta" ha sido la frase final de las conclusiones del abogado Alejandro García Moratilla antes de ser cortado por el juez y dejar visto para sentencia el asunto de las dos facturas que los 'Púnicos' reclaman a la Diputación. Se espera una sentencia en los próximos días aunque lo más relevante, el reconocimiento de la Diputación de que los pagos 'púnicos' no tenían soporte legal, ha quedado muy claro por parte de la defensa de la institución provincial. La parte leonesa de la trama 'Púnica' está pendiente de conocer si el juez abre, o no, juicio oral por los hechos que convulsionaron la Diputación por segunda vez en 2014.
