El Consejo de Cuentas recomienda a la Junta de Castilla y León, al igual que ya han hecho el Estado y otras comunidades, concluir cuanto antes la tramitación del anteproyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética y crear la Oficina de Lucha contra el Cambio Climático, como paso previo con carácter previo a la elaboración de las nuevas estrategias.
Así lo recoge en el informe “Fiscalización de la Estrategia para el Cambio Climático 2009-2020, Comunidad Autónoma de Castilla y León”, entregado en las Cortes en diciembre de 2022 y que presenta el presidente de la institución, Mario Amilivia, en la Comisión de Economía y Hacienda del Parlamento autonómico.
Se trata de una fiscalización operativa en la que se ha analizado el diseño, implementación y resultados de la estrategia autonómica para el cambio climático, al objeto de proporcionar un marco de referencia parala elaboración por parte de la Comunidad de la nueva Estrategia de Energía y Clima para el horizonte de 2030, precisa el Informe de Cuentas consultado por Ical.
Como resumen, afirma que en la implementación de la estrategia faltó coordinación, seguimiento y estimación presupuestaria, así como que su sistema de indicadores no permite conocer el grado de cumplimiento de los planes y la consecución de los objetivos y, por lo tanto, su eficacia. Lo estima así tras fiscalizar una muestra de 64 actuaciones y medidas consideradas especialmente relevantes, de las que fueron ejecutadas total o parcialmente un 42 por ciento.
No obstante, valora que en Castilla y León las emisiones de gases de efecto invernadero totales de 2020 descendieron un 27,6 por ciento en el horizonte temporal de la estrategia y un 36,1 por ciento respecto al año base 1990, colocando a Castilla y León como la tercera Comunidad que más redujo sus emisiones entre 1990 y 2020.
Por otro lado, refleja que la producción de electricidad se mantiene prácticamente constante, pese a los cierres de plantas porque se sustituye por fuentes renovables. Así lo reseña en relación a los cierres de la central nuclear de Garoña y de las centrales térmicas de carbón, sustituido por “el auge de las fuentes renovables”.
En tal sentido, explica el Informe que en 2020 las renovables representan ya el 87 por ciento del total, el porcentaje más alto de las comunidades autónomas. El consumo de energía final en el periodo 2009-2019, precisa, desciende un 10 por ciento, frente a un incremento del PIB regional del 9 por ciento, evolución que mejora la ratio de eficiencia energética, cumpliéndose así otro de los objetivos específicos del Plan de Mitigación del sector energético.
En sus siete recomendaciones a la Junta, además de la ley y de la oficina, plantea elaborar una nueva estrategia integrada de energía y clima para el horizonte 2030, así como iniciar los trabajos necesarios para elaborar una estrategia de adaptación al cambio climático, siguiendo los pasos del Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático y la Estrategia de la Comisión de Adaptación al Cambio Climático.
Por otra parte, recomienda, para implementar las nuevas estrategias, en coordinación con la Consejería de Economía y Hacienda, crear dentro de la estructura funcional de los presupuestos autonómicos un programa específico, destinado a la ejecución de las medidas y actuaciones previstas en las mismas, lo que posibilitaría identificar los recursos presupuestarios aplicados y analizar su economía y la eficiencia.
Finalmente, considera que debería desarrollar dos inventarios propios al margen del Inventario Nacional de Emisiones de gases de efecto invernadero, uno sobre emisiones de gases de efecto invernadero y otro sobre sumideros de carbono.
