El Consejo de Cuentas entregó hoy en las Cortes de Castilla y León el informe sobre la Cuenta General de la Comunidad correspondiente al ejercicio de 2019, donde el Consejo reconoce "importantes avances" con respecto a ejercicios anteriores, en línea con las recomendaciones planteadas en anteriores fiscalizaciones, y afirma que se cumple con el objetivo de deuda pública marcado para dicha anualidad, aunque "no con la estabilidad presupuestaria y la regla de gasto".
Y es que el endeudamiento del conjunto del sector público de la Comunidad a 31 de diciembre de 2019 fue de 12.473 millones de euros, un 0,9 por ciento superior al del ejercicio 2018. La Comunidad incumplió de esta manera el objetivo de estabilidad, con un déficit ajustado del -0,5 por ciento, frente al objetivo establecido del -0,1 por ciento del PIB regional. Sí cumplió, no obstante, el objetivo de deuda pública, coincidiendo con el fijado para la Comunidad en el 21 por ciento del PIB, pero no el objetivo de la regla de gasto, establecido en el 2,7 por ciento, con una variación respecto a 2018 del 4,5 por ciento.
En un comunicado remitido a Ical, el Consejo de Cuentas señaló que la cuenta general de las entidades sujetas a contabilidad pública "presenta, de manera consolidada, todos los documentos que componen las cuentas de cada entidad", a excepción de la Memoria. Por otra parte, la modificación introducida este año en la Ley 2/2006, de la Hacienda y del Sector Público de Castilla y León, afectará a la Cuenta General de 2020, que pasará a configurarse como una única Cuenta General Consolidada y no en tres como hasta ahora.
De esta manera, y en opinión del Consejo, la Cuenta General de la Comunidad se presenta, con carácter general, "de acuerdo con los principios y normas contables que le son de aplicación" y refleja "de forma fiable" la actividad económico-financiera de la misma, excepto en "aquellos incumplimientos y salvedades que pone de manifiesto el informe de fiscalización".
"La Cuenta General se rindió en plazo, atendiendo a la estructura e información establecidas normativamente", señala el documento, que no obstante establece que "existen algunas carencias en la información suministrada en los estados financieros consolidados de la cuenta de las entidades del sector público de la Comunidad sujetas a contabilidad pública". También apunta el Consejo de Cuentas "carencias" en la información suministrada en la Memoria, y señala que la Cuenta General "sigue sin incluir todas las entidades", al faltar las cuentas del Consorcio para la Promoción, Desarrollo y Gestión del Proyecto Regional del Parque Empresarial del Medio Ambiente.
En cuanto a las entidades sujetas al régimen de contabilidad pública, "mejora sustancialmente la información rendida en la memoria relativa al proceso de consolidación contable", que en el estado de liquidación del presupuesto "se ha realizado, en términos generales, de manera correcta", mientras que en lo relativo a empresas y fundaciones públicas "el número de empresas integradas se ha mantenido con respecto al ejercicio anterior". También se mantiene el número de entidades integradas en la cuenta general de las fundaciones públicas, cuya agregación, sin embargo, no se ha realizado "de forma correcta", al contrario que en la cuenta general de empresas públicas.
Por último, la Memoria de la Cuenta General "no incluye la opinión manifestada en los informes de auditoría de cada una de las entidades sujetas a contabilidad pública", ya que a fecha de confección de la cuenta "solo se habían auditado tres", todas ellas con opinión favorable. Sí recoge, sin embargo, el informe de auditoría de la única empresa pública y de ocho de las nueve fundaciones, "todas con opinión favorable".
Teniendo en cuenta la desagregación por entidades, el mayor peso específico de la Cuenta General de las Entidades del Sector Público de la Comunidad sujetas al Régimen de Contabilidad Pública corresponde a la Administración General, con un 91 y un 53 por ciento del presupuesto consolidado de ingresos y de gastos, respectivamente.
El peso específico en cuanto a las obligaciones reconocidas consolidadas sigue, según el Consejo de Cuentas, los patrones marcados por los créditos definitivos a nivel de entidades (Administración General, Gerencia Regional de Salud y Gerencia de Servicios Sociales con porcentajes del 53 por ciento, 34 por ciento y 9 por ciento respectivamente). En cuanto a los derechos reconocidos consolidados, también sigue el esquema fijado por las previsiones a nivel de entidades (Administración General, Gerencia Regional de Salud y Gerencia de Servicios Sociales con porcentajes del 92, 2 y 4 por ciento respectivamente).
Insuficiencia de crédito en la Gerencia Regional de Salud
En la Gerencia Regional de Salud, existen obligaciones pendientes de imputar al presupuesto de 2019 por importe de 417 millones de euros, siendo 5 millones de ejercicios anteriores. La insuficiencia de crédito vuelve a cuantías similares a las registradas en 2015 y 2016. En 2017 se redujo de manera importante y en 2018 volvió a cambiar la tendencia. El incremento experimentado en 2019 representa un 127 por ciento respecto a los 184 millones del año anterior, poniéndose de manifiesto que "subsiste el problema de insuficiencia de crédito para financiar las obligaciones". Por otra parte, existen gastos de años anteriores indebidamente imputados al ejercicio 2019 por un importe de 178 millones.
En lo relativo al funcionamiento de la cuenta 413, se refleja, según el Consejo de Cuentas, la existencia de obligaciones pendientes de imputar a presupuesto al cierre del ejercicio. En el caso de la GRS, no recoge todo el importe, y aunque la contabilización ha mejorado con respecto a ejercicios anteriores, sigue sin realizarse ningún registro de las que se corresponden con los intereses de demora.
En 2019, el saldo de la cuenta 413 aumenta con respecto al año anterior. Las dos entidades con mayor importe son la Gerencia Regional de Salud y la Junta de Castilla y León. El mayor importe de los gastos pendientes de imputar se corresponde con los de personal, que representan el 48 por ciento del total, frente al 62 por ciento de 2018. Los gastos que se corresponden con transferencias corrientes aumentan de forma muy significativa y representan el 41 por ciento, frente al 20 por ciento del año anterior. En el caso de Junta, se circunscriben fundamentalmente a la Consejería de Educación, a los gastos de liquidación de las cuotas de la seguridad social del personal de centros docentes.
Debilidades
En cuanto a las debilidades detectadas por el Consejo de Cuentas, se especifica que "la Comunidad utiliza el criterio de devengo para el reconocimiento de derechos de transferencias finalistas de acuerdo con el nuevo Plan General de Contabilidad de Castilla y León, en vez del criterio de caja, que es el recogido en los principios contables públicos".
"La Comunidad sigue sin tener implantado un registro de inventario que recoja todos los bienes y derechos que integran su patrimonio y el Inventario General únicamente recoge los bienes inmuebles y derechos sobre los mismos de la Administración General, del Instituto Tecnológico Agrario, de la Gerencia de Servicios Sociales y del Servicio Público de Empleo", según señala el Consejo de Cuentas.
Además, durante este ejercicio la Junta "ha sido subsanado el detalle de deudores por presupuestos cerrados que se facilita en la memoria por años de contracción". A pesar de ello, el cálculo de la depreciación de los deudores presupuestarios "no aplica correctamente la estimación del riesgo de fallidos".
Ajuste negativo de 258 millones
Como consecuencia de la fiscalización, el Consejo propone en el resultado presupuestario consolidado un ajuste negativo de 258 millones de euros, que sitúa la cifra total en un importe negativo de 500 millones. En el balance consolidado, se han hecho ajustes en el pasivo por importe de 107 millones, manteniéndose el importe total rendido en 8.363 millones de euros. En la cuenta del resultado económico-patrimonial consolidada, los ajustes suponen un aumento de 70 millones en el resultado, hasta alcanzar un ahorro de 1.740 millones.
El Informe sobre los presupuestos de las comunidades autónomas de 2019 elaborado por la Secretaría de Estado de Hacienda manifiesta que los Presupuestos de la Comunidad de Castilla y León no recogen el Fondo de Contingencia para atender necesidades imprevistas y no discrecionales contemplado en la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, ni la Comunidad aprobó el techo de gasto para 2019.
El importe del presupuesto inicial consolidado de las entidades del sector público de la Comunidad sujetas al régimen de contabilidad pública fue de 10.779 millones de euros, habiéndose autorizado modificaciones por importe de 419 millones, resultando un presupuesto definitivo de 11.199 millones. Las modificaciones con mayor peso se corresponden con el incremento de los créditos de la Gerencia Regional de Salud.
19 recomendaciones
Por todo ello, el Consejo de Cuentas realizó 82 conclusiones a la Cuenta General de la Comunidad con un total de 19 recomendaciones, "el mismo número que el registrado en la Cuenta de 2018", si bien desaparecen cinco de aquellas recomendaciones como consecuencia de los cambios normativos que se han producido y "también de una mejora en la información contenida en la Memoria".
Por otro lado, se incorporan cinco nuevas recomendaciones, relacionadas en unos casos con el cumplimiento de determinados aspectos del nuevo Plan General de Contabilidad Pública de Castilla y León y, en otros, con la subsanación de información incompleta o errónea en materias contables
