La junta directiva de la Agrupación Pozo Grajero, presidida por el excoordinador de Izquierda Unida en León, Santiago Ordóñez, denunció hoy que el equipo de Gobierno de la ciudad haya invitado a la Fundación Francisco Franco a personarse en el procedimiento contencioso administrativo por el incumplimiento de la Ley de Memoria Histórica por parte del Ayuntamiento. Según Ordóñez, la medida trata de "legitimar la incorporación de los defensores de los asesinos y represores a fin de sabotear en el juzgado que se haga justicia con las víctimas de la represión franquista".
En ese sentido, los responsables de la asociación recordaron que el proceso para sustituir el nombre de las calles de la ciudad vinculadas a la dictadura franquista, iniciado por el abogado Eduardo Ranz, "se suponía se iba a cumplir sin necesidad de esperar sentencia". Al respecto, el pasado mes de noviembre, el equipo de Gobierno anunció el proceso de sustitución, coincidiendo con la presentación pública de propuestas por parte de diferentes grupos municipales.
Por su parte, la Agrupación Grajero registró una propuesta para crear una comisión que pilotase el cumplimiento de la Ley con la mayor participación, al tiempo que propuso incluir en el callejero a dos leoneses históricamente relevantes y olvidados en el nomenclátor municipal: Buenaventura Durruti y Ángel Pestaña.
La respuesta del Consistorio, fechada el 29 de diciembre, consiste en una invitación a la asociación para que se persone en el procedimiento junto a la Fundación Francisco Franco, algo que "equipara una vez más a víctimas y verdugos", denunciaron. En esa línea, la asociación exigió que se cumpla la Ley de Memoria Histórica "sin invitar a elementos nada sospechosos para que enmierden el procedimiento".
Al respecto, los responsables de la asociación consideraron que "el PP de León pretende huir del cumplimiento de la Ley" y recordaron que "sólo nuestra provincia tiene catalogadas 48 fosas por el Ministerio del Interior, la más grande en el cementerio de Puente Castro". "Es indignante que el PP se ría de esta manera de la justicia y de los propios grupos municipales que han hecho el esfuerzo de buscar alternativas a los nombres de los asesinos", lamentaron.
"La respuesta recibida es una vergüenza, pretende alargar el procedimiento contencioso en los juzgados y deja claro que el PP de León no quiere cumplir la Ley de Memoria Histórica", aseguraron los responsables de Pozo Grajero, que advirtieron que el procedimiento contencioso puede convertirse en denuncia penal si los responsables municipales "continúan por este camino".
