La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), tras conocer que un nuevo ayuntamiento, en este caso el de Arenas de San Pedro (Ávila), va a crear un grupo de bomberos voluntarios adscritos a la Agrupación Local de Protección Civil, advierte que la responsabilidades son de los ayuntamientos y exige que los Servicios de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (SPEIS) de bomberos profesionales no sean sustituidos por personas voluntarias.
En este sentido, advierte a los alcaldes que, si no se atienen a las leyes, serán ellos los que tengan que dar explicaciones a la Tesorería de la Seguridad Social, Trabajo e incluso Fiscalía, en caso de que se produzcan denuncias, que hasta ahora no se han presentado. “Algo que puede ocurrir, si se siguen vulnerando los intereses de la figura del bombero profesional funcionario, a pesar de las reiteradas advertencias de este colectivo”, señala Juan Carlos Prieto, el coordinador autonómico de Seguridad y Bomberos en CSIF Castilla y León
Explica que desde hace unos años “se está haciendo una interpretación errónea de la norma, contradiciendo las diferentes leyes de rango nacional y autonómico, y poniendo en riesgo la seguridad de la ciudadanía, al sustituir un servicio esencial por ley y derecho, como son los SPEIS, por un grupo de voluntarios que, de igual manera, tiene en su propia ley la imposibilidad de sustituir a un servicio esencial de obligado cumplimiento para todas las administraciones, es decir, Junta de Castilla y León, diputaciones y ayuntamientos.
Juan Carlos Prieto ha remarcado que, por no asumir el coste de estos servicios públicos con profesionales funcionarios, “están proliferando los servicios de bomberos voluntarios, que hay que parar, porque genera discriminación e indefensión entre los funcionarios profesionales, y porque es un riesgo para la sociedad, porque esos voluntarios no están suficientemente preparados para las tareas a las que tendrán que enfrentarse, ni tienen reconocimiento de autoridad”.
CSIF aclara que, “igual que somos los primeros en reconocer la labor social que las asociaciones de voluntarios aportan a nuestros municipios, también somos los primeros en exigir que no se trasgredan las diferentes leyes existentes, que defienden los derechos de la sociedad, incluso en los municipios más pequeños y abandonados de nuestra Comunidad vaciada”. Leyes como el Estatuto Básico del Empleado Público, la Reguladora de Bases de Régimen Local, la de Contratación Pública, la de la Función Pública, la de Voluntariado y la de Protección Civil, o la de Protección Ciudadana de Castilla y León, “que se están incumpliendo”.
CSIF, que apoya y defiende los servicios públicos y de calidad, y en este caso a los servicios de extinción de incendios y salvamento profesionales, insiste en que las administraciones deben ceñirse a la ley. “No estamos en contra de los voluntarios, entendiendo que estos se deben de limitar a sus funciones básicas regladas por la ley, pero las administraciones, haciendo dejación de su responsabilidad, no pueden suplantar al profesional, ni tener una relación económico-laboral con los voluntarios”, recalca la organización sindical.
Asegura que la solución pasa porque se inviertan las partidas que se necesiten, para ir creando la infraestructura y los recursos adecuados; y exige que se gestione el dinero aportado por UNESPA (la unión de aseguradoras españolas) “en lo que corresponde y marca la ley, que no es otra cosa que el mantenimiento, material y formación de los parques de bomberos profesionales”.
