CSIF vuelve a poner encima de la mesa la deficiente dotación de medios humanos y materiales dedicados a la defensa de los consumidores y usuarios de Castilla y León. Insiste en que se preste la atención necesaria a una competencia que tiene en exclusiva la Junta desde 2013, cuando despojaron de esta competencia, hasta entonces compartida, a las entidades locales.
Mariano Prieto, presidente del sector autonómico del sector de Administración General de la Junta (Agcyl) de CSIF, ha pedido una entrevista al consejero de Industria, Comercio y Empleo, Mariano Veganzones, para tratar de la necesidad urgente de la revisión del Servicio de Consumo, así como implementar medios y recursos disponibles. “La Junta no ha redimensionado el personal de Consumo, ni se le dan los medios y reconocimientos que precisan para atender esa labor”, considera.
El Estatuto de Autonomía de Castilla y León, en su artículo 16.16, establece, como principio rector de la política pública de Castilla y León, la protección de los consumidores y usuarios, así como la protección de sus legítimos intereses económicos y sociales. Pero para cumplirlo, “es necesario reconocer la labor de los profesionales, dotarles de medios y aprovechar las sinergias que pueden encontrarse dentro de la Administración”, subraya Mariano Prieto
CSIF lamenta “que la Inspección de Consumo tenga auténticas dificultades para comprobar, algo tan sencillo, como que un envase contenga la cantidad que anuncia el etiquetado”. Es necesario que un laboratorio certifique la cantidad efectiva de producto, pues en caso de incumplimiento se estaría produciendo un fraude al consumidor. Sin embargo, en Castilla y León no hay ni un solo laboratorio a disposición de los inspectores. “¿Esto quiere decir que no los hay? No. Pues en universidades y otros organismos los hay, pero no se han firmado los correspondientes acuerdos de colaboración”, explica CSIF.
Otro tema, de los muchos que lleva la Inspección de Consumo, es la red de alerta de productos industriales que presentan un riesgo grave para el consumidor, incluso poniendo en peligro su vida. “Tenemos que tener en cuenta que el control en frontera de los productos que importamos se reduce a un 2% de los contenedores que llegan a nuestros puertos. Todo lo demás debe inspeccionarse y retirarse, si llega el caso, en destino, es decir, en los establecimientos abiertos al público”, indica CSIF.
Los servicios de inspección disponen de muy poco tiempo, desde que reciben el aviso para comprobar la existencia de los productos alertados y retirarlos de la venta. A la falta de efectivos se suma la falta de disponibilidad de vehículos para acudir a los establecimientos de la provincia, lo que obliga a los inspectores a usar sus coches particulares para retirar unos productos peligrosos en el menor tiempo posible.
En el año 2022 se tramitaron en Castilla y León 143 alertas con riesgo grave para el consumidor, a las que hay que añadir las de años anteriores, “pues estas alertas permanecen activas y puede volver a aparecer un producto peligroso en los establecimientos”.
CSIF advierte que los servicios de Consumo son un servicio fundamental para el ciudadano, y que los profesionales dedicados a Consumo necesitan algo más que su empeño personal para cumplir con su cometido con garantías.
El Día del Consumidor, que se celebra el 15 de marzo, promueve la difusión de los derechos fundamentales que asisten a los consumidores, exigiendo su protección y respeto frente a los abusos de los mercados. Pero esto no se realiza solo, necesita de medios profesionales especializados y altamente cualificados para que se cumpla la legislación vigente y se proteja a los consumidores y usuarios, concluye CSIF, que lamenta que “hay poco que celebrar el Día del Consumidor en Castilla y León”.
