El número de separaciones matrimoniales se redujo un 7,5 por ciento en Castilla y León en el primer trimestre de 2023, en la comparativa con el mismo periodo del año anterior, al registrarse 903 demandas de disolución matrimonial, 73 menos que en los tres primeros meses del pasado año. La caída, no obstante, es menor que la media nacional, donde las demandas de disolución cayeron un 10,3 por ciento hasta las 22.647 rupturas.
Así figura en el análisis del Servicio de Estadística del Consejo General del Poder Judicial, recogido por Ical, que precisa que, si se ponen las demandas de disolución matrimonial en relación con la población a 1 de enero de 2023, Castilla y León registró una tasa de 37,9 casos por cada 100.000 habitantes, siendo la tercera media más baja del país solo por debajo de La Rioja (30,7) y Madrid (37,3). Además, queda lejos de la media nacional, más de nueve puntos por encima con 47,1 casos por cada 100.000 habitantes.
La autonomía con mayor tasa fue Canarias, donde se presentaron 65,4 demandas de disolución matrimonial por cada 100.000 habitantes, seguida de Navarra (56,4), Comunidad Valenciana (53,7), Andalucía (51,4), Baleares (51), Cataluña (50,2), Asturias (48,1) y Murcia (47,3), todas ellas por encima de la media nacional.
Los divorcios consensuados en Castilla y León ascendieron a 533, un 10,5 por ciento menos que en el primer trimestre de 2022. Asimismo, los divorcios no consensuados alcanzaron en la Comunidad los 336, lo que supone una caída más moderada, del 2,3 por ciento, en relación a los tres primeros meses del pasado año.
El informe también indica que no se han registrado nulidades matrimoniales en los tres primeros meses del presente año, tal y como sucedió en el primer trimestre de 2022, mientras que en España se acumulan 12 en lo que va de año. Mientras, las separaciones consensuadas fueron 25 en Castilla y León, apenas dos por debajo del primer trimestre del pasado año, y las no consensuadas sumaron 9, exactamente las mismas que se produjeron en los tres primeros meses de 2022.
El análisis de estos conflictos concreta, además, que en el primer trimestre de este año se presentaron en la Comunidad 135 demandas de modificación de medidas matrimoniales consensuadas, lo que representa un alza del 2,3 por ciento, mientras que las no consensuadas, 341 en lo que va de año, son un 6,9 por ciento superiores a las de los tres primeros meses de 2022.
