El Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, autorizó este martes la distribución de 12,4 millones de euros a Castilla y León para la protección de las familias y la lucha contra la pobreza infantil.
El acuerdo autorizado en el Consejo de Ministros fue previamente abordado por el Pleno del Consejo Territorial de Servicios Sociales y Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, en su reunión de 17 de junio de 2024. Una vez aprobado por el Gobierno de España, este acuerdo volverá al Consejo Territorial para que sea aprobado y pueda resultar efectivo.
Un dinero que servirá para financiar las prestaciones básicas de Servicios Sociales a nivel municipal (6,5 millones) como las de ayuda a domicilio, alojamiento alternativo y prevención e inserción social y la protección a la familia y la atención a la pobreza infantil, específicamente a unidades familiares con menores a cargo que estén en situación de privación material severa o riesgo de pobreza y exclusión social (4,5 millones de euros), que permitirá cofinanciar proyectos de alimentación, ocio y cultura, y garantizar la conciliación familiar durante las vacaciones escolares.
El tercer programa beneficiado, dotado con 1,4 millones, permitirá reforzar los equipos de atención primaria de protección integral a la infancia y a la adolescencia frente a la violencia. El objetivo es la prevención y la detección precoz de posibles riesgos de violencia hacia la infancia.
El Gobierno autorizó la propuesta de distribución territorial entre comunidades autónomas (a excepción de País Vasco y Navarra) del crédito para la financiación en 2024 del programa de protección a las familias y la atención a la pobreza infantil, con 198,7 millones de euros.
El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 acordó con los gobiernos autonómicos el reparto de estos casi 200 millones de euros, y ha reafirmado su compromiso de seguir aumentando la dotación presupuestaria para este ámbito en los años sucesivos. "Nuestra hoja de ruta es retomar el incremento en la financiación que inició el Gobierno de coalición en este ámbito", apuntó su titular, Pablo Bustinduy.
El Gobierno central establece que el reparto territorial de los fondos en función de los criterios desglosados en el acuerdo, como la población de cada territorio, su superficie o la tasa Arope (que mide el riesgo de pobreza o exclusión).
