Agentes de la Policía Nacional de Valladolid detuvieron este miércoles a un empresario vallisoletano como presunto autor de un delito contra los derechos de los trabajadores, al haber suministrado mano de obra sin contrato y sin dar de alta en la Seguridad Social a trabajadores de explotaciones agrarias en la provincia.
La operación, denominada ‘Prunus’, se llevó a cabo en colaboración entre la Policía Nacional, la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de Valladolid, y la Unidad Contra las Redes de Inmigración Ilegal y Falsedad Documental, en el marco de la lucha contra el fraude a la Seguridad Social y el empleo irregular.
La investigación comenzó el 17 de septiembre de 2024, cuando se realizó una inspección en una explotación agrícola de la provincia, donde se estaba llevando a cabo trabajo de poda y adecuación de viñedos. En el lugar, los agentes detectaron a una cuadrilla de siete trabajadores, quienes al ser identificados intentaron huir, pero finalmente fueron localizados. Tras su identificación, se determinó que los trabajadores estaban siendo contratados por un empresario de la zona que se encargaba de suministrar mano de obra para este tipo de servicios.
Durante la intervención, el empresario admitió ser responsable del suministro de los trabajadores a las explotaciones agrarias, pero reconoció que ninguno de ellos tenía contrato laboral ni alta en el sistema de la Seguridad Social. Además, se descubrió que cuatro de los trabajadores se encontraban en situación irregular en el país, sin permiso para trabajar, mientras que los tres restantes tenían permiso de residencia, pero solo uno de ellos disponía de autorización laboral, aunque igualmente no estaba dado de alta en la Seguridad Social.
El empresario facilitó un listado de trabajadores al contratista, pero se comprobó que ninguno de los trabajadores en el listado coincidía con los que estaban trabajando en el viñedo. Esto evidenció que el empresario contrató conscientemente a los trabajadores sin cumplir con sus obligaciones laborales, violando los derechos de los mismos.
El empresario fue detenido y trasladado a dependencias policiales como presunto autor de un delito contra los derechos de los trabajadores. Tras finalizar el atestado policial y remitir las actuaciones al juzgado competente, el detenido fue puesto en libertad.
