La Consejería de Empleo ha firmado un convenio de colaboración para poner en marcha un instrumento que permita la financiación de los costes laborales del empleo con discapacidad en los Centros Especiales de Empleo (CEE) y de puestos ocupados por trabajadores en situación o riesgo de exclusión en las Empresas de Inserción (EI), con seis entidades financieras y tres entidades del ámbito de la Economía Social.
El objetivo del convenio es disponer de forma anticipada de la cuantía de la subvención aprobada por la Junta antes de la liquidación de la ayuda, mediante la formalización de un crédito en condiciones preferenciales. De esta forma se facilita y mejora la financiación de los costes salariales de los trabajadores con discapacidad en los Centros Especiales de Empleo y los trabajadores con riesgo de exclusión en las Empresas de Inserción que hayan solicitado a la Consejería de Empleo subvenciones para financiar el primer 50 % del Salario Mínimo Interprofesional (SMI).
Los firmantes de este acuerdo consideran que el empleo con discapacidad y de otros colectivos en situación o riesgo de exclusión social es uno de los principales retos sociales y laborales, dadas las bajas tasas de actividad. Por ello es necesaria la colaboración entre entidades públicas y privadas y organizaciones representativas del sector de la Economía Social para aumentar los niveles de integración laboral, inclusión social y participación de estos ciudadanos en la sociedad.
Objetivos alcanzados
Durante el Consejo de Economía Social, celebrado el pasado viernes, se comunicó a los representantes del sector la superación del objetivo establecido por el presidente de la Junta de Castilla y León de alcanzar en esta legislatura los 5.000 trabajadores con discapacidad empleados en la Comunidad. En concreto se han alcanzado, a 31 de diciembre de 2017, los 5.462 empleados con discapacidad en los CEE, que se incrementan también por primera vez hasta llegar a los 215 Centros Especiales empleo registrados en Castilla y León.
El presupuesto de la Consejería de Empleo de 2018 en el ámbito de la Economía Social destinado al empleo con discapacidad y a trabajadores en situación o riesgo de exclusión, asciende a 24 millones de euros lo que supone un incremento del 4,3 % respecto al ejercicio anterior. El esfuerzo presupuestario realizado en esta legislatura ha permitido alcanzar cinco novedades en esta área de la Economía Social:
1.- Complementar hasta el 75 % del SMI de los nuevos contratos de trabajadores con discapacidad, con especiales dificultades, asumiendo el incremento del 8 % del SMI aprobado por el Estado en 2017 y del 4 % en 2018.
2.- Recuperar la financiación de inversiones vinculadas a nuevos proyectos y a la contratación de trabajadores con discapacidad en los Centros Especiales de Empleo.
3.- Impulsar la contratación de técnicos de apoyo a los trabajadores con discapacidad que trabajan en la empresa ordinaria.
4.- La contratación de personal de acompañamiento para trabajadores en situación o riesgo de exclusión en Empresas de Inserción.
5.- Por último, objeto de la firma del convenio que se produce hoy, la creación de un instrumento de apoyo financiero para los CEE y las EI para anticipar el primer 50 % del SMI de los trabajadores con discapacidad y aquellos en situación o riesgo de exclusión social, de aquellos centros que han solicitado subvenciones de costes salariales
Condiciones financieras
Las entidades bancarias se comprometen: a estudiar y formalizar a favor de los CEE y de las Empresas de Inserción un préstamo vinculado a las subvenciones aprobadas, con unas condiciones financieras con un tipo fijo de interés máximo del 1,75 % sobre las cantidades dispuestas, y hasta un 0,25 % de comisión de apertura; y a la amortización en el momento del ingreso efectivo de las subvenciones. La única garantía personal que se establece es la domiciliación irrevocable de la subvención solicitada.
La Consejería de Empleo, a través de la Dirección General de Economía Social y Autónomos y las nueve Oficinas Territoriales de trabajo, certificará la inscripción de los CEE y las EI en el correspondiente registro y la relación de solicitudes presentadas correspondientes a la convocatoria sobre financiación de costes laborales, así como los importes concedidos.
El convenio tendrá una duración de un año desde la firma, pudiendo acordar la prórroga por un periodo de hasta cuatro años adicionales o su extinción. Asimismo el convenio permite la adhesión posterior de más entidades financieras a este acuerdo.
