El Consejo de Ministros autorizó este martes a Castilla y León a formalizar operaciones de endeudamiento a largo plazo por un importe máximo de 70 millones de euros. Esta decisión se adopta en cumplimiento del artículo 14 de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas y del artículo 20 de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.
La autorización también se lleva a cabo de acuerdo con lo previsto en el Real Decreto-ley 18/2022, de 18 de octubre, por el que se aprueban medidas de refuerzo de la protección de los consumidores de energía y de contribución a la reducción del consumo de gas natural, en aplicación del ‘Plan + seguridad para tu energía (+SE)’, así como medidas en materia de retribuciones del personal al servicio del sector público y de protección de las personas trabajadoras agrarias eventuales afectadas por la sequía.
Y es que dicho Real Decreto-ley establece para 2022 un incremento retributivo, de carácter retroactivo, del 1,5 por ciento al personal al servicio del sector público, aumento adicional al dos por ciento ya previsto y acordado a inicios de año. Así, y con el objetivo de facilitar a las regiones la ejecución de esta medida, esta misma norma dispone que, excepcionalmente en 2022, el Estado podrá autorizar a las comunidades autónomas a formalizar nuevas operaciones de endeudamiento a largo plazo por importe equivalente al necesario para hacer efectivo el incremento retributivo previsto.
La Comunidad de Castilla y León solicitó autorización para formalizar operaciones de deuda a largo plazo por un importe máximo de 378,34 millones de euros equivalente a la referencia de déficit, que se comunicó en el Consejo de Política Fiscal y Financiera celebrado el 28 de julio de 2021 y que era del 0,6 por ciento del PIB regional, sin considerar la posible desviación, como consecuencia, entre otros factores, de las medidas en materia de retribuciones del personal al servicio del sector público contempladas en el citado Real Decreto-Ley 18/2022, estimadas en 70 millones de euros, ni la compensación del exceso de financiación generado en ejercicios anteriores.
Posteriormente, la comunidad ha modificado la solicitud de autorización para formalizar operaciones de deuda a largo plazo por importe de 70 millones de euros, cuantía estimada del impacto en el déficit de 2022, por efecto de la aplicación del citado Real Decreto-ley 18/2022, de 18 de octubre. De esta forma, el acuerdo tomado hoy por el Consejo de Ministros autoriza a la Comunidad de Castilla y León a formalizar operaciones de deuda a largo plazo por un importe máximo de 70 millones de euros. Esta autorización sólo podrá amparar operaciones formalizadas hasta el 31 de diciembre de 2022.
